Así consta en un auto, en la que la magistrada Delia Rodrigo apunta al acuerdo firmado entre la RFEF y las autoridades saudíes para la celebración de la Supercopa. «Al tiempo del contrato, el investigado, Gerard Piqué, era jugador en activo del FC Barcelona, equipo de fútbol que participaba en la Supercopa», recuerda.
La jueza indica que en diciembre de 2020 se firmó por la RFEF y por SELA, la empresa pública de Arabia Saudí, unas adendas por las que se prorrogaban los acuerdos cuatro años más, pactándose mantener una prima de éxito en favor del comisionista -al que se identificaba como una tercera parte agente– durante los años de la prórroga.
«Ese ‘tercer agente’ se revela en un documento aparte, firmado por Luis Rubiales (como presidente de la RFEF), por Arabia Saudí (SELA) y por Gerard Piqué (en cuanto representante de Kosmos). En definitiva, para la RFEF habrá supuesto, si se cumple el acuerdo hasta su término, unos ingresos de 400 millones y para la empresa de Piqué 40 millones», indica la magistrada. En esta línea, la jueza pone el foco en una cláusula que se denominó «esencial» por la que la RFEF «trataba de garantizar el pago de la comisión de 4 millones de euros anuales en favor de Kosmos, aun cuando esta empresa formalmente sería la comisionista de SELA».
En su auto, la magistrada también atribuye la condición de investigados a la mercantil Gruconsa; al exasesor jurídico externo de la RFEF Tomás González Cueto; al amigo de Rubiales Francisco Javier Martín Alcaide, ‘Nene’; la mujer de ‘Nene’, Purificación Rufino Domínguez y el antiguo responsable de los servicios jurídicos de la RFEF, Pedro González Segura. Además, también formaliza la imputación del actual presidente de la RFEF, Pedro Rocha, cuya condición cambió -inicialmente fue citado como testigo_el día de su declaración.
Asimismo, la jueza también imputa a Ángel González Segura, Francisco Oliva, Jonathan Oliva, José Javier Jiménez, María Dolores Moral Zafra, José Antonio Carranza, Miguel Ángel García Silveiro, Belén Jiménez y a Israel Dorado.
En lo relativo a Gruconsa, una empresa dedicada a la construcción, la magistrada indica que «publicita en su página web haber prestado asesoramiento a la RFEF, citándose la Supercopa de España y Arabia Saudí, refiriéndose a un fondo de inversión público saudí (PIF) el cual sería propietario de SELA».
En cuanto a Rufino Domínguez, el auto apunta que es administradora de la mercantil ‘Jorge y Nene Publicidad S.L., siendo apoderado ‘Nene’, su marido. Este último, recuerda la jueza, «mantiene vínculos de amistad con Rubiales».
La jueza señala que ‘Nene’, por su parte, controla la empresa Dismatec, creada por un empleado de Gruconsa y traspasada a su mujer justo antes de comenzar a percibir ingresos mensuales de la constructora. González Cueto, por su parte, es según la magistrada «un comisionado de control externo de la RFEF así como titular del despacho de abogados GC Legal (…) habiendo podido desempeñar un papel relevante en la contratación de Gruconsa». «Cueto ha ostentado una importante posición dentro de la RFEF, de la que se habría podido valer para influir en la toma de decisiones de la directiva», apunta.
La jueza asegura que «en cuanto comisionado de control externo habría tenido que informar previa y necesariamente el acuerdo con Arabia Saudí, lo cual no consta, siendo preciso averiguar el alcance real de su rol». «Igualmente se hace preciso determinar la legalidad de los emolumentos cobrados por su despacho particular con relación a su actuación respecto de la RFEF», añade.
La magistrada también «aprecia cierta discrecionalidad en connivencia con Pedro Segura en el uso de los fondos de la RFEF para el pago a terceros a través de su despacho GC Legal». «Igualmente, podría haber participado en la aprobación de una nueva obra a favor de Gruconsa a través de la Comisión Económica de la RFEF, en la que se habría podido presentar ofertas ficticias», sostiene.
Además, la juez argumenta la imputación de Francisco Oliva y Jonathan Oliva, padre e hijo, el primero CEO de Gruconsa y el segundo director adjunto. Del padre indica que es el «máximo responsable» en la toma de decisiones de la constructora, como ejecución de obras, pagos o firmas de convenios, además de «plenamente conocedor» de las actuaciones de Ángel González Segura en la delegación sur de la empresa.
Sobre el hijo, señala que era uno de los encargados de la toma de decisiones y la persona a la que González Segura reportaba todas las actuaciones que realizaba con la RFEF sobre un proyecto en desarrollo en Arabia Saudí. La juez hace hincapié en proyectos entre Gruconsa y la Federación, que aprobó un presupuesto de obra a la constructora que «se habría producido con la aportación de dos presupuestos ficticios conseguidos por Paco Carranza para sortear la normativa interna de la RFEF».
Apunta también que las contrataciones y servicios de Gruconsa se dispararon a partir de 2021 no solo desde la RFEF, a la que facturó 3,8 millones de euros entre 2019 y 2023, sino también desde la sociedad gestora del Estadio Cartuja de Sevilla.
De José Javier Jiménez, la instructora expone que es director de organización y gestión de personas de la RFEF y habría tenido participación en la presentación de ofertas ficticias a la comisión económica para que se aprobase la oferta de Gruconsa en la adjudicación de una obra, «eludiendo con ello la normativa interna» de la Federación. En la misma línea sitúa a José Antonio Carranza.
Sobre María Dolores Moral indica que, como administradora solidaria de Gruconsa, pudo ser conocedora de la operativa de canalización de fondos hacia Dismatec y de la vinculación de esos pagos con la contratación de la constructora por parte de la RFEF, «siendo la encargada de emitir los pagos a ‘Nene'» y mencionando que hay una llamada telefónica en la que manifiesta que «contra menos huella escrita quede de casi todo, mejor».
Respecto a Belén Jiménez, la instructora sostiene que habría participado en la elaboración de al menos uno de los presupuestos ficticios que habría hecho Gruconsa con la RFEF. También se centra en Israel Dorado, del que detalla que tiene una relación personal y profesional con ‘Nene’ desde principios de 2021 y figura como titular de varios negocios hoteleros que «en realidad son controlados por terceras personas», entre ellas el amigo de Rubiales.
Añade que se ha podido comprobar que ha viajado con «mucha frecuencia» a República Dominicana en compañía de ‘Nene’ y su pareja, Purificación, «habiendo presentado en una ocasión una declaración de salida de dinero en efectivo por importe de 40.000 euros» procedentes de una empresa de ‘Nene’.
Sobre Ángel González Segura, la juez describe que es hermano de Pedro González Segura, trabaja como director de la zona sur de Gruconsa y que un mes después de entrar en la empresa, creó la sociedad Dismatec, que al cabo de un año fue adquirida por ‘Nene’, así como que de las intervenciones telefónicas se infiere que «pudiera incluir partidas en las facturas correspondientes a las obras que realiza en la RFEF que van a pagar beneficios aparentemente injustificados» a ‘Nene’.
