Según sus estimaciones, el fraude alcanzó los 1.000 millones de euros en 2023, lo que equivale aproximadamente al 25% de las ventas. Esta situación, aseguran, permite a algunas gasolineras ofrecer carburantes a precios «anormalmente» bajos. La Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), junto a la Agrupación Española de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar), la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) y la de operadores independientes UPI están intensificando sus reclamaciones a la Administración para que se ataje un fraude que dicen que pone en peligro la supervivencia de muchas pymes.
Un fraude que también preocupa a Hacienda, que el pasado 14 de mayo anunció que funcionarios de la Agencia Tributaria (AEAT) se habían personado en más de 400 gasolineras españolas que venden los carburantes a precios «anormalmente bajos» para ver si estaban implicadas en entramados de fraude de IVA. Las actuaciones se llevaron a cabo en catorce comunidades autónomas y en ellas se recabaron datos de los proveedores, precios de suministro, lugar de procedencia del producto y medios de cobro, con el fin de detectar sociedades instrumentales que puedan formar parte de entramados de fraude del IVA de los hidrocarburos.
Según explicó la AEAT, en los últimos años el fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos se ha materializado a través de la creación de entramados empresariales que incluyen sociedades instrumentales que no ingresan el IVA, lo que permite ofrecer precios más bajos.
Además, en febrero de este año la AEAT dio a conocer su Plan Anual de Control Tributario, en el que preveía reforzar el control en el sector de la distribución de hidrocarburos ante el aumento del fraude de IVA observado en los dos últimos años, que preveía que continuara en este ejercicio por los altos precios de los combustibles. La AEAT decía en ese plan que se controlará a todos los sujetos que intervienen en la cadena de distribución de hidrocarburos hasta su venta minorista, así como a las «tramas activas» en el sector, y que se vigilaría que los operadores que hayan estado involucrados en casos de fraude no pudieran acceder al Registro de Extractores de Depósito Fiscal, reservado a operadores de confianza. Según explican a EFE fuentes de la AOP, evitar el ingreso del IVA permite obtener un margen del 21% para poder ofrecer precios anormalmente bajos en los carburantes, lo que constituye una competencia desleal respecto a los que sí cumplen con sus obligaciones.
Aunque el fraude más grave es el que se produce en el IVA, AOP señala que al incumplimiento de su ingreso se suman otros que permiten a los autores de estas prácticas obtener márgenes para ofrecer precios más bajos. Uno de ellos es no incorporar el objetivo obligatorio de biocarburantes (en 2024 se sitúa en el 11% del total del carburante de automoción), pero también no hacer aportaciones al Fondo de Eficiencia Energética ni pagar las cuotas para el mantenimiento de las reservas mínimas de seguridad.
Los cálculos de las cuatro asociaciones de distribución de carburantes apuntan a que el IVA defraudado en 2023 por las prácticas de esos operadores ascenderían a más de 1.000 millones de euros, una cantidad equivalente a aproximadamente el 25% del total de las ventas de carburantes.
Fuentes de la AOP señalan que, con estos números, la situación es insostenible y es urgente que se pongan soluciones, por lo que proponen adoptar medidas para combatir un fraude que se produce cuando la empresa defraudadora extrae el carburante de un depósito de almacenamiento para su venta, dejando de ingresarlo en las operaciones de venta subsiguientes, pese a que es obligatorio.
Las asociaciones de distribuidores proponen que, antes de que el carburante salga de los depósitos fiscales donde se almacena, tras llegar desde las refinerías y de los que los sacan los operadores al por mayor para venderlo luego a minoristas, se garantice el pago del IVA correspondiente a la venta posterior del producto.
Esta medida de pagar el IVA en el momento de la extracción de los carburantes del depósito de almacenamiento ya se aplicó en Italia. Estas asociaciones reclaman también un mayor control sobre los operadores mayoristas, pues en la actualidad sólo se pide para serlo una declaración responsable, y que se exijan unas garantías financieras para ser operador al por mayor.
Otra de sus peticiones es que se controle que los operadores mayoristas cumplen con las obligaciones y que, en caso contrario, se les inhabilite. Según fuentes de la AOP, la práctica de muchas de las empresas que cometen el fraude suele ser, cuando Hacienda está ya tras ellas o cuando finalmente las descubren, cerrar la empresa con la que operan y abrir otra, a veces, incluso, con las mismas personas que figuraban en la anterior.
Las fuentes de la AOP afirman, asimismo, que se están dando algunos precios en los carburantes que se venden a los consumidores «artificialmente bajos» y que sólo pueden justificarse en que hay operadores al por mayor que no están cumpliendo con sus obligaciones. Explican que el precio de los carburantes es «muy transparente» y las diferencias que puede haber en la venta entre unas estaciones y otras son pequeñas, de unos 10 céntimos por litro, pero se están dando de hasta 40 céntimos por litro, lo que insisten que sólo se puede explicar en que no se pague el IVA.
