García Ortiz, no va a abandonar su puesto de forma voluntaria, a pesar de las presiones ejercidas desde distintos sectores en las últimas semanas. El entorno más próximo al fiscal general ha desvelado a la SER que no dimitirá, aunque la querella del novio de Ayuso por revelación de secretos que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se traslade al Tribunal Supremo y este órgano jurisdiccional, único capacitado para investigarle dado su aforamiento, le acabe imputando.
El motivo, según las mismas fuentes, es que Álvaro García está convencido de que actuó conforme a derecho y no reveló secreto alguno al ordenar la publicación de la nota de prensa que desmontó el bulo lanzado previamente por el entorno de Ayuso, de que había sido la Fiscalía quien había ofrecido un acuerdo de conformidad a la pareja de la presidenta por sus delitos fiscales, cuando sucedió justo lo contrario.
Ningún secreto fue revelado, recalca el entorno del fiscal general, porque el secreto, aquellas conversaciones sobre un acuerdo de conformidad, ya habían sido publicadas por tres medios de comunicación. Medios que informaron de forma manipulada y falaz sobre aquellas conversaciones.
El fiscal general afirma que si se dieran las mismas condiciones, lo volvería a hacer, en atención al derecho fundamental a una información veraz, y para salvaguardar la honorabilidad de sus fiscales, que son los únicos imputados en el procedimiento, cuando el entorno de Ayuso fue el que filtró información manipulada y tergiversada previamente, que fue publicada por los diarios El Mundo, Vozpópuli y Libertad Digital.
El pasado lunes, Álvaro García Ortiz remitió un escrito al juez que instruye la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que asumía toda la responsabilidad y le instaba a inhibirse en el Tribunal Supremo por el aforamiento del fiscal general. En aquel escrito desoído por el juez, Álvaro García reconoció que había dado órdenes “directas y expresas” para la publicación de la nota de prensa, ante la publicación de los correos manipulados por tres medios de comunicación, dos de los cuales admitieron que la información partía del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Fue entonces cuando el fiscal general, según el escrito, reclamó los emails intercambiados entre el fiscal del caso y la defensa de Alberto González, pareja de Ayuso. Unos correos que el fiscal Julián Salto envió directamente a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y a la fiscal jefe de la fiscalía provincial, Pilar Rodríguez, quien puso estas comunicaciones a la disposición de García.
Una vez comprobado que los correos difundidos por el entorno de Ayuso habían sido manipulados, dio la orden de publicar al día siguiente la nota de prensa que desmintió el bulo.
