En paralelo, se refuerza la estructura financiera del grupo, asegura su estabilidad a largo plazo y la continuidad de sus pedidos tras más de un año de crisis motivada por la multa de 107 millones de euros impuesta por Renfe como respuesta a la demora en la entrega de los trenes Avril.
La Junta aprobó la ampliación de capital suscrita íntegramente por la SEPI, valorada en 45 millones de euros. En concreto, se dio luz verde a la emisión de 10.588.235 nuevas acciones por un importe nominal de 3.187.058,73 euros (0,301 euros cada una) y una prima de emisión de 3,949 euros por acción, lo que sitúa el precio de emisión total en 4,25 euros por acción, mismo importe que han pagado los miembros del consorcio vasco —el dueño de Sidenor, el fondo público vasco Finkatuz y las fundaciones bancarias BBK y Vital— por tomar el 29,78% del capital hasta ahora. Con esta operación, el capital social de Talgo asciende a 40.468.983,15 euros, representado por 134.448.449 acciones ordinarias, totalmente suscritas y desembolsadas.
Paralelamente, la Junta autorizó una segunda ampliación de capital estructurada en la emisión de dos series de bonos convertibles en acciones ordinarias de Talgo. La primera, por un importe nominal de 30 millones de euros y suscrita en su totalidad por la SEPI, devengará un interés compuesto anual del 10,21% y podrá convertirse en acciones en caso de no devolverse.
La segunda emisión, por 75 millones de euros, fue suscrita por un consorcio de inversores vascos compuesto por Clerbil (sociedad patrimonial de José Antonio Jainaga, dueño de Sidenor), las fundaciones bancarias BBK y Vital y el fondo de capital privado Ekarpen —participado por Kutxabank (44,4%), la corporación Mondragón (7,4%), el Gobierno Vasco (34,81%) y las diputaciones de Vizcaya (7%), de Guipúzcoa (4,3%) y de Álava (2%)—, con idénticas condiciones de interés y conversión. Ambas emisiones permitirán a los suscriptores convertirse en accionistas relevantes del grupo.
Para el Consejo de Talgo, esta operación permitirá mejorar la previsibilidad de los flujos financieros, reducir el riesgo de refinanciación a corto plazo, optimizar el coste medio de la deuda —incrementado sustancialmente en el último año por el cierre del grifo de la banca tradicional— y ganar oxígeno para ejecutar sus principales contratos. En paralelo, se ha aprobado la reducción de miembros del consejo, que pasará a un número máximo de 8, sin que hoy se hayan revelado los nombramientos. Se da por hecho el pacto entre los gobiernos central y vasco para nombrar al menos a uno de los representantes, que recaería en Juan Antonio Sánchez Corchero, actual presidente de la patronal alavesa de empresarios (SEA), en representación de la SEPI. Otro de los nuevos accionistas, la Fundación BBK, sí renunciará al asiento. La semana pasada, el ministro de Transportes desveló el relevo de Carlos de Palacio y Oriol al frente de la presidencia de la compañía, poniendo fin a 84 años de control de la familia Oriol.
Con la entrada de los gobiernos central y de Euskadi, así como del grupo de inversores vascos en el capital, Talgo asegura la estabilidad de sus operaciones de cara a finalizar sus proyectos en curso y embarcarse en nuevas aventuras. Una operación que arrancó en 2021, cuando se empezó a negociar con la húngara Magyar Vagon, a posteriori vetada por Moncloa; y por la que también se interesaron la checa Skoda y la polaca Pesa, también frenada ‘in extremis’ por el ejecutivo.
