Esta vez, para cumplir con lo pactado con Junts para dar mayores garantías a la aplicación del perdón a los líderes del «procés». En concreto, se trata de la derogación del artículo 43.bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que para los de Puigdemont ponía en «peligro» la aplicación de la ley de amnistía al reforzar la posible paralización de procedimientos cuando se presenta una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El Gobierno cumple así con Junts, con quien pactó la citada derogación en enero para garantizarse su apoyo en la aprobación de los tres primeros decretos de la legislatura. Este compromiso supone, además, una enmienda para el propio Ejecutivo que, solo un mes antes había traspuesto una directiva europea para reforzar la suspensión de los procedimientos cuando los tribunales presenten cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, los de Puigdemont mostraron sus discrepancias porque entendían que ponía en “peligro” la aplicación de la amnistía y el Ejecutivo les respondió que no suponía perjuicio añadido respecto a la legislación nacional y era un compromiso del plan de recuperación para recibir el siguiente desembolso de los fondos europeos. Ahora, se cede.
