Si no se logra llegar a ningún acuerdo a tres partes, el Gobierno asegura que llevará a cabo la aprobación de reducir la jornada pactando con sindicatos, es decir, sin la patronal. Hace una semana, la ministra de Trabajo, , reiteraba que el Ejecutivo «sí avanzará en la cuestión, aunque la patronal no quiera». La intención de la patronal de compensar la reducción del tiempo de trabajo a través del incremento de horas extra ha sido la principal línea roja.
Por parte de UGT y CCOO creen que en julio la reducción de jornada tendría que estar «finiquitada». En concreto, CCOO considera que este es un tema de negociación de mucha importancia. Para ellos, la reducción del tiempo de trabajo «es absolutamente necesaria y forma parte de las reivindicaciones estratégicas del sindicato», por lo que esta reducción se tiene que producir a través de una norma legal y quedar reflejada en el Estatuto de los Trabajadores.
Mientras, desde la CEOE ha criticado las «imposiciones» del Gobierno en la negociación, advirtiendo que esta medida es «especialmente» mala para las pymes. Algo en lo que coinciden en Cepyme, donde creen que la pyme será la más afectada debido a su menor productividad, rentabilidad y sus inferiores recursos organizativos.
Hay que recordar que, en su acuerdo programático, el PSOE y Sumar pactaron reducir la jornada laboral máxima legal de forma progresiva desde las 40 horas semanales vigentes a las 38,5 horas este año y las 37,5 horas en 2025. Todo ello, sin que se conlleve una merma de sueldo.
La reducción de jornada afectará en general a tres de cada cuatro trabajadores (el 75%) cubiertos por convenios colectivos, en torno a los 8,8 millones de asalariados, con impacto diferencial según ramas de actividad. Por parte de la Confederación Española de Comercio consideran que este sector «correrían un alto riesgo de desaparición si se les aplicara unas medidas que, si bien podrían cumplir su fin en otros sectores y tamaños de empresa, no lo harán en un sector como el comercio de proximidad, debilitado por el constante incremento de costes al que se ve sometido por el desarrollo de su actividad».
