Fedea considera que las medidas puestas sobre la mesa por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones condenan al componente contributivo del sistema público «a un déficit básico (antes de transferencias) elevado y rápidamente creciente» a lo largo de las próximas décadas.
El problema es que esa brecha entre los ingresos y los gastos exigirá, en opinión del ‘think tank’, «cuantiosas y crecientes aportaciones de recursos generales que podrían dejar poco margen para otras prioridades». El director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, ha analizado globalmente la reformas propuestas (las ya aprobadas y la fase final que está negociándose ahora). Con ello, Fedea calcula que en torno a 2050 se tendría que inyectar cada año a la Seguridad Social recursos extra por valor de unos 4,5 puntos del PIB, lo que supondría en torno al 60% de la recaudación por IRPF, que en 2019 fue del 7,56% del PIB.
De acuerdo con lo anunciado, Fedea señala que las bases máximas de cotización a la Seguridad Social experimentarán un incremento acumulado del 38% en términos reales (tras ajustarlo por la inflación), mientras que las pensiones máximas sufrirán una «cuasi congelación», pues su subida acumulada hasta 2050 será del 3,15%, ambos incrementos medidos a precios constantes.
La Fundacion expone que las principales medidas adoptadas en la primera fase de la reforma de pensiones (la indexación de las pensiones al IPC y la supresión del factor de sostenibilidad) generarán un «fuerte incremento del gasto en pensiones durante las próximas décadas sin afectar a los ingresos por cotizaciones».
De hecho, apunta que, de acuerdo con las estimaciones del propio Gobierno, el incremento del gasto en pensiones y, por tanto, del déficit ordinario del sistema contributivo generado por estas medidas se situará en torno a 3,5 puntos del PIB en 2050. Fedea señala que, en principio, la segunda parte de la reforma actualmente en discusión con los agentes sociales pero que cuenta con el aval ya de Unidas Podemos y de la Comisión Europea, «debería haber servido para cerrar el grueso de esta brecha, asegurando así la sostenibilidad del sistema de pensiones».
En la práctica, sostiene de la Fuente, las medidas compensatorias adoptadas hasta el momento son «claramente insuficientes». Con el modelo dual de cálculo de la pensión inicial (25 años cotizados o 29 años excluyendo los dos peores) «no sólo se renuncia en la práctica a cualquier ahorro derivado del alargamiento del período de cómputo, sino que se aumentará el gasto», pues sólo optarán por el periodo de cómputo más largo aquellos que con él percibirán una pensión más alta.
En cuanto a las medidas de ingreso previstas, Fedea estima que su impacto «será muy limitado», en buena parte porque se concentran «en un segmento muy reducido» de la masa salarial, el que corresponde a aquella parte de los salarios que se sitúa por encima de la actual base máxima de cotización, que sólo supone un 2,6% del PIB y un 5,3% de las rentas totales del trabajo.
Según Fedea, una vez desplegado por completo en 2050, el destope de las cotizaciones incrementará la recaudación en 0,15 puntos del PIB y la introducción de la ‘cuota de solidaridad’ para los salarios más altos lo hará en 0,13 puntos adicionales. La subida de los tipos de cotización en un 1,2% ligada al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), por su parte, aportará otros 0,40 puntos, elevando la ganancia de ingresos hasta 0,68 puntos de PIB, una quinta parte de lo que sería necesario para compensar el incremento esperado del gasto.
El organismo precisa que para valorar el impacto presupuestario neto del conjunto de las reformas en curso habría que considerar también el impacto de la reforma del sistema de cotización de los autónomos y de la introducción de incentivos para la prolongación de la vida laboral. Reconociendo la dificultad de estimar con precisión sus efectos, el director de Fedea considera «muy dudoso» que estas medidas generen ahorros netos significativos a largo plazo.
Por tanto, concluye, «la reforma en curso condena al componente contributivo del sistema público de pensiones a un déficit básico (antes de transferencias) elevado y rápidamente creciente durante las próximas décadas». En 2019, último ejercicio antes de la crisis del Covid y del inicio del trasvase de su déficit al Estado, la Seguridad Social presentaba un déficit del 1,3% del PIB. De acuerdo con las previsiones del propio Gobierno español para el último ‘Aging Report, esta cifra se elevaría hasta el 2% en 2050 en ausencia de medidas de política y en 3,5 puntos adicionales como resultado de la primera fase de la reforma de pensiones, alcanzando el 5,5%.
«De aquí habría que deducir 0,7 puntos por las medidas de ingreso, que podrían quizás elevarse hasta 1 punto completo para recoger posibles ganancias ligadas a los incentivos para prolongar las vidas laborales y al cambio en el sistema de cotización de los autónomos. Con todo, en torno a 2050 tendríamos que inyectar cada año a la Seguridad Social esos recursos extra por valor de unos 4,5 puntos de PIB. Tal presión, advierte De la Fuente, «dejará poco margen para financiar un mayor gasto en casi cualquier otra cosa, incluyendo sanidad y dependencia, con necesidades rápidamente crecientes debido al rápido envejecimiento de la población».
