El informe, elaborado por el Observatorio de Derecho Público, muestra que a Cataluña le siguen Andalucía y Madrid, con 815 millones de euros y 619 millones, respectivamente.
Tras ellas, se sitúan la Comunidad Valenciana, con 506 millones de euros; Castilla y León, con 338; Galicia, con 310 millones; Castilla-La Mancha, con 300; Canarias, con 281 millones de euros; Aragón, con 195; y Baleares; con 176 millones de euros. En la parte baja de la tabla se ubican Murcia, con 171 millones de euros; Asturias, con 149 millones; Extremadura, con 141 millones; Cantabria, con 99 millones; y, finalmente, La Rioja, con 92.
Por su parte, las comunidades autónomas con régimen especial, País Vasco y Navarra, recibieron 300 millones de euros y 136, respectivamente. De su lado, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla recibieron once y diez millones de euros, respectivamente. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia repartió un total de 5.966 millones de euros en 2023, según recoge el trabajo.
El informe también muestra que Andalucía, al cierre de 2023, es la comunidad autónoma de régimen común que más fondos europeos ha recibido desde que el mecanismo se puso en marcha, un total de 4.077 millones de euros, seguida de Cataluña y Madrid, con 3.963 millones y 2.875 millones, respectivamente.
El cuarto y el quinto lugar lo ocupan la Comunidad Valencia, con 2.471 millones, y Canarias, con 1.622 millones. Les siguen Castilla y León, con 1.621 millones; Galicia, con 1.529; Baleares, con 1.035; Castilla-La Mancha, 1.308 millones; y Aragón, con 903 millones de euros.
A la cola de los beneficiados se ubican Extremadura, con 818 millones de euros; Murcia, con 791 millones; Asturias, con 638 millones; Cantabria, con 436; y La Rioja, con 323 millones. País Vasco y Navarra han recibido 1.152 millones de euros y 542 millones, respectivamente, mientras que Ceuta y Melilla 50 millones y 47 millones en total.
El informe pone de relieve que «el elevado volumen de recursos canalizados desde la Hacienda central hacia las comunidades autónomas constituye una política que refuerza su protagonismo en la previsión de los servicios públicos fundamentales del Estado del Bienestar en España».
Además, destaca que esa política plantea como «desafío el desarrollo de los mecanismos de coordinación y cogobernanza vigentes, en una perspectiva de feralismo no solamente fiscal que debe alcanzar a todos los niveles de gobierno, desde el espacio local hasta la Unión Europea».
