El magistrado ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo, debido a la condición de aforado del expresident y del diputado de Junts, de Dalmases, para que decida si debe seguir investigando. En el auto, Aguirre aprecia indicios de criminalidad por delitos de traición, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal. En la causa además del expresident, están imputados Artadi, Terradellas, el periodista Carles Porta y el abogado Boye, entre otros. El instructor asegura que la organización criminal – que se describe como un grupo creado para la comisión de un delito – se inició cuando Mas fue nombrado president de la Generalitat.
En otro escrito , el juez rechaza aplicar la amnistía a los investigados porque el delito de traición queda excluido de la nueva ley. Para justificar la atribución de este delito, el juez afirma que “se hizo un uso efectivo de la fuerza en Catalunya” y enumera “acciones de alteración de la convivencia” como “el asalto a la conselleria de Economia del 20-S, ”los aciagos y violentísimos acontecimientos producidos durante la semana del 14 de octubre de 2019“, tras la sentencia del procés y ”la toma multitudinaria del aeropuerto del Prat, coordinada desde la plataforma Tsunami Democràtic“. De hecho, en su escrito el juez describe que la situación vivida durante las protestas del Tsunami, es solamente comparable ”con episodios de la semana trágica de Barcelona de principios de siglo XIX o los días que precedieron a la aguerra civil en Barcelona“.
A todo este relato, el juez afirma que ”fue tal la situación de coacción, con amenazas incluidas, que tratar de expresarse libremente durante aquellos trágicos días alcanzó cotas de heroicidad, en un indisimulado proceso revolucionario que incluyó hasta brazaletes de adhesión al movimiento, en forma de lazos amarillos“. El instructor añade que los independentistas emplearon” tácticas de guerra híbrida“ mediante actos de influencia sobre la población por medio de actos de agitación y propaganda y ciberterrorismo con la finalidad de alterar la paz social y subvertir el orden constitucional”. Por todo ello, “hubo tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en los hechos indiciariamente probados en que una potencia extranjera ejecutara actos perjudiciales y contra la integridad territorial o independencia política de España”.
A diferencia del juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, que ayer decidió archivar la causa por terrorismo del Tsunami Democràtic al haber anulado su investigación porque la hizo fuera de plazo, el juez Aguirre decidió seguir con su investigación sobre la trama rusa a pesar de que la Audiencia de Barcelona también invalidó su instrucción. Para sortear el obstáculo instructor decidió abrir una nueva pieza separada sobre la misma causa que lleva 5 años investigando sin avances significativos.
El Tribunal de Justicia de Catalunya ve amnistiables a los considerados arquitectos del 1-O, Jové y Salvadó, pero antes de aplicar la nueva ley ha preguntado a las partes si cabe elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como ha solicitado VOX, que es la acusación popular. En su último auto, la sala civil y penal del TSJC “declara amnistiables también los delitos de malversación de caudales públicos atribuidos a los acusados” bajo el argumento de que no se puede afirmar que “tuvieran un beneficio personal de carácter patrimonial”. Sin embargo, como una de las partes, Vox, ha planteado la presentación de una cuestión ante la justicia europea, el tribunal pregunta a las partes antes de decidir.
