El órgano de gobierno de los jueces plantea un programa de formación intensivo de carácter teórico-práctico de al menos nueves meses y una fase de prácticas tuteladas de un mínimo de cuatro meses, que incluso podría desarrollarse de forma simultánea a la anterior, con el objetivo de acelerar la incorporación de los 375 nuevos que se incorporarán a la carrera tras la convocatoria extraordinaria de oposiciones anunciada por el Ministerio de Justicia.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado por unanimidad una propuesta de reforma del artículo 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la adecuación extraordinaria del sistema de formación inicial de la carrera, que será remitido para su valoración tanto al ministro de Justicia, Félix Bolaños, como a las presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado.
El texto ha sido elaborado por la Comisión de Escuela Judicial en cumplimiento del acuerdo del Pleno extraordinario del pasado 18 de febrero, que encomendó a esa comisión la preparación de una propuesta que, sin merma de los estándares formativos, permitiera acortar los plazos de incorporación de las nuevas promociones.
Y es que el CGPJ considera que la efectividad del nuevo modelo de organización judicial depende, «de manera inmediata», de una adecuada dotación de jueces que permita su «funcionamiento pleno». En este sentido, sostiene que la oferta extraordinaria de 375 plazas en la próxima convocatoria de oposiciones anunciada Justicia para cubrir las necesidades derivadas de la puesta en marcha de los tribunales de instancia «exige una respuesta normativa igualmente extraordinaria en el ámbito de la formación inicial».
El órgano de gobierno de los jueces señala que el modelo vigente del artículo 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -que prevé una fase de formación teórico-práctica en la Escuela Judicial de un mínimo de nueve meses, una fase de prácticas tuteladas de al menos cuatro meses y una fase de sustitución y refuerzo de idéntica duración mínima, desarrolladas consecutivamente- fue concebido para «escenarios de estabilidad organizativa, con una duración prolongada y una secuenciación rígida de fases formativas».
No obstante, advierte el CGPJ, en el contexto actual «impediría la incorporación ágil de los nuevos efectivos a la carrera judicial, cuyo ingreso se retrasaría más de un año, produciendo un desfase entre la creación orgánica de plazas y su ocupación real y comprometiendo la eficacia» de la implantación de los tribunales de instancia. Así, y teniendo en cuenta la necesidad de acelerar su incorporación y de optimizar el tiempo formativo manteniendo los estándares de calidad y eliminando las fases no estrictamente necesarias, la propuesta del Pleno plantea que la formación teórico-práctica y las prácticas tuteladas se podrían desarrollar de manera simultánea y coordinada conforme al plan docente aprobado por el CGPJ a propuesta de la Escuela Judicial. Sería el órgano de gobierno de los jueces el que, en función de las circunstancias, decidiera al respecto.
La formación teórica incluirá necesariamente el estudio en profundidad del principio de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres, la legislación especial para la lucha contra la violencia sobre la mujer en todas sus formas y la legislación nacional e internacional sobre derechos de la infancia y la adolescencia, con especial atención a la Convención sobre los Derechos del Niño y sus observaciones generales.
Durante la fase de prácticas tuteladas, las funciones que asuman no podrán exceder de la redacción de borradores o proyectos de resolución y de la dirección de vistas o actuaciones bajo la supervisión del juez titular.
La propuesta implica la supresión de la actual fase de sustitución y refuerzo, que el CGPJ considera que carece de autonomía formativa real, ya que reproduce funciones jurisdiccionales plenas que corresponden propiamente al ejercicio ordinario tras el nombramiento, y cuya eliminación no afecta a la capacitación técnica de los nuevos jueces, «pero sí permite reducir significativamente los plazos de incorporación efectiva».
Por otra parte, el Pleno del CGPJ ha informado favorablemente, también por unanimidad, respecto al proyecto de real decreto de creación de 500 unidades judiciales remitido por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El Pleno reitera, en cualquier caso, la necesidad de aumentar la planta de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo con dos plazas, tal y como solicitó la Sala de Gobierno del alto tribunal el 14 de julio del pasado año.
