Fedea ha iniciado la publicación de una serie de trabajos ligados a la Jornada sobre pensiones y seguridad social que celebrará el próximo 25 de septiembre en colaboración con la Fundación Ramón Areces.
El primer estudio de esta serie, elaborado por Jiménez-Martín (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona School of Economics y Fedea) a partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), analiza la reforma que elevó gradualmente la edad legal de jubilación de 65 a 67 años desde 2013, condicionando el acceso a la jubilación a los 65 a haber acumulado una carrera de cotización larga. Esta condición crea dos grupos claramente diferenciados: los trabajadores con carreras largas, que conservan la jubilación a los 65 (grupo de control), y los trabajadores que no alcanzan el umbral de años cotizados, que afrontan una edad legal creciente (grupo tratado). La comparación de ambos grupos, cohorte a cohorte, permite identificar el efecto causal de la reforma.
Efectos ya visibles y de gran magnitud, pese a evaluarse solo la mitad de la reforma
Un aspecto central del estudio es que sus estimaciones son, con toda probabilidad, una cota inferior del efecto final de la reforma. El análisis se restringe a las cohortes nacidas entre 1948 y 1957, las únicas que ya han cumplido 67 años dentro del período de observación de los datos (hasta 2024). Estas cohortes solo han experimentado una parte del calendario de transición: la de 1957, la más expuesta de las evaluadas, afronta un retraso de la edad legal de 14 meses, apenas algo más de la mitad del aumento total de dos años. Aun así, los efectos estimados son ya muy importantes:
Principales efectos ya visibles de la reforma en la edad de jubilación
Retraso de la jubilación. Los trabajadores afectados retrasan en promedio su jubilación efectiva en 8,1 meses respecto al grupo de control, y el retraso crece cohorte a cohorte a medida que avanza el calendario: cada mes adicional de edad legal se traduce, aproximadamente, en un retraso adicional de un mes en la jubilación efectiva para los que alcanzan los años requeridos que posibilitan la jubilación a los 65.
Cambio en las vías de salida. La respuesta dominante es el desplazamiento de la jubilación más allá de los 65 años: la probabilidad de jubilarse después de esa edad aumenta en 26,7 puntos porcentuales, mientras que la jubilación exactamente a los 65 -el gran punto focal del sistema anterior- cae 10,3 puntos y la jubilación anticipada (antes de los 65) se reduce 17,7 puntos.
Una reforma que recae sobre todo en las mujeres. Al condicionar la jubilación a los 65 a carreras de cotización largas, la reforma penaliza a quienes tienen carreras más cortas e interrumpidas: las mujeres representan el 62% de los trabajadores afectados, frente a solo el 29% del grupo de control. En consecuencia, su retraso medio de la jubilación es mucho mayor (10,0 meses, frente a 3,1 en los hombres) y su desplazamiento hacia la jubilación después de los 65 también (+34,0 puntos, frente a +15,3).
Un coste en mortalidad concentrado en los hombres. La reforma eleva la mortalidad prematura (entre los 60 y los 67 años) de los trabajadores afectados. El efecto es estadísticamente significativo para los hombres (+1,6 puntos porcentuales) y de magnitud aproximadamente doble que el de las mujeres, lo que amplía el exceso de mortalidad masculina en unos 0,8 puntos (en torno al 15% de la brecha preexistente). El mecanismo apunta a la prolongación forzosa de la vida laboral en ocupaciones físicamente exigentes -construcción, industria, minería-, no a pérdidas de renta: el estudio muestra que la riqueza en pensiones de los afectados no se redujo de forma diferencial respecto al grupo de control.
Lo que queda por llegar: el impacto pleno de la reforma
El calendario de la reforma no culmina hasta 2027. La cohorte de 1962, que cumplirá 65 años ese año, será la primera en afrontar las reglas plenamente desplegadas -edad legal de 67 años para quienes no acrediten 38,5 años cotizados- y todas las cohortes posteriores quedarán sujetas a ese mismo esquema de forma permanente. Como ilustra el gráfico, las cohortes de 1958 a 1962, aún pendientes de evaluación, afrontan retrasos de la edad legal de hasta 24 meses, frente a un máximo de 14 en las cohortes analizadas. Dado que el estudio documenta que la respuesta escala con la intensidad de la exposición, cabe anticipar que el impacto total de la reforma -tanto el retraso de la jubilación como sus costes en salud- será sustancialmente mayor cuando estas cohortes completen su vida laboral y alcancen los 67 años.
Aumento de la edad legal de jubilación (en meses sobre 65) para los trabajadores sin carrera larga, por cohorte de nacimiento. En granate, las cohortes evaluadas en el estudio; en azul, las pendientes, expuestas a aumentos de hasta 24 meses.
Implicaciones de política pública: equidad y diseño del sistema de pensiones
Los resultados avalan la eficacia de la reforma en su objetivo principal -retrasar la jubilación efectiva- pero revelan dos costes distributivos poco visibles en el debate público. Primero, la exención por carrera larga, presentada como una protección, tiene en la práctica una incidencia de género regresiva: expone a la subida plena de la edad legal precisamente a quienes acumulan carreras más cortas, mayoritariamente mujeres, agravando la brecha de género en pensiones. Segundo, obligar a prolongar la vida laboral tiene un coste en salud que recae desproporcionadamente sobre los trabajadores de ocupaciones físicamente exigentes. El estudio sugiere explorar diseños alternativos -ajustes por densidad de cotización o vías específicas por ocupación- que eleven la edad efectiva de jubilación de forma más equitativa.
El trabajo utiliza métodos econométricos recientes (el estimador de Sun y Abraham para estudios de eventos con adopción escalonada) sobre una muestra de casi 180.000 jubilados de las cohortes 1943-1957, dentro de la línea de investigación de Fedea sobre pensiones.
