El PP, que fue acusación particular en la causa, ha tomado esta decisión después de que el Constitucional ya haya resuelto varios recursos de forma favorable a los condenados por el desfalco de, al menos, 680 millones de euros. Los populares no tienen demasiadas esperanzas en que la recusación prospere. No obstante, este paso les da una baza más si en el futuro deciden recurrir el borrado de los EREs al Tribunal de Justicia de la UE.
