La compañía relaciona este resultado con «un entorno de mercado favorable para el sector energético y mayores ventas de Cepsa Química», explica en una nota de prensa. Asimismo, Cepsa señala que el beneficio neto alcanzó los 398 millones de euros frente a los 145 millones logrados entre enero y junio de 2023.
El flujo de caja de las operaciones fue de 735 millones de euros en el primer semestre, frente a los 416 millones de euros del primer semestre de 2023, lo que demuestra «una sólida capacidad de generación de caja», incluso tras la desinversión de sus activos de Exploración y Producción (E&P) en Abu Dabi el año anterior.
Esta mejora de los resultados ha permitido a la compañía aumentar las inversiones totales hasta 545 millones de euros, con un peso de la inversión sostenible del 45% sobre la inversión orgánica en el primer semestre. La deuda neta se situó en 2.493 millones de euros, ligeramente por debajo de los 2.522 millones de euros con los que cerró el primer semestre de 2023; con ello, Cepsa mantiene una «sólida posición de liquidez de 5.412 millones de euros, reforzada por la emisión de bonos a 7 años por valor de 750 millones de euros realizada en abril, que cubre los vencimientos de los próximos años», apunta la compañía en su comunicado.
Por otra parte, Cepsa destaca también la aportación de 2.077 millones de euros en impuestos en España durante el primer semestre de 2024, de los cuales se pagaron 1.199 millones y se recaudaron 878 millones por cuenta de Hacienda. Estas cifras incluyen un pago de 122 millones de euros por el primer tramo del impuesto extraordinario a las empresas energéticas, que se calcula sobre los ingresos por ventas en 2023, año en el que Cepsa no registró beneficios, sino pérdidas netas, aclara la nota. Entre los hitos más relevantes del periodo, figura el acuerdo para vender sus activos de E&P en Perú, tras hacer lo propio en Colombia, operaciones ambas pendientes del visto bueno de los reguladores.
Asimismo, se cerró la compra de Ballenoil. La compañía también firmó un préstamo de 285 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la construcción de la mayor planta de biocombustibles de segunda generación del sur de Europa, lo que pone de relieve el respaldo de «las principales instituciones financieras públicas a sus proyectos de transición energética».
