En sus manos estará la decisión de enviarlo a prisión provisional, una circunstancia que el líder independentista podría tratar de eludir presentando un ‘habeas corpus’ ante el Tribunal Constitucional (TC) por detención ilegal.
Una vez detenido, Puigdemont será trasladado a dependencias judiciales en Cataluña y será el juez Llarena el que acuerde si debe ser trasladado para que comparezca en el Tribunal Supremo. Tras ello, tendría que decidir si le envía a prisión provisional o si lo deja en libertad. Entre los elementos que se valoran a la hora decidir la prisión provisional destaca el riesgo de fuga, un criterio que obraría en su contra, dado que ha permanecido huido durante siete años.
El magistrado también podría tener en cuenta la gravedad del delito por el que Puigdemont sigue procesado. Se trata del delito de malversación, que puede ser penado con hasta 12 años de prisión.
La medida cautelar de prisión provisional sólo puede ser adoptada si alguna de las partes la solicita al magistrado durante la comparecencia del detenido. Vox, que actúa como acusación popular, ya ha anunciado que pedirá el ingreso inmediato en prisión del expresidente catalán. Esa decisión sería difícil de sortear. Únicamente la presentación rápida de un ‘habeas corpus’ ante el Tribunal Constitucional por detención ilegal podría suspender de manera cautelar esa orden de prisión que eventualmente pudiera tomar el juez Llarena.
La defensa de Puigdemont no ha recurrido hasta el momento la negativa del juez Llarena a aplicar la Ley de Amnistía al delito de malversación, pero puede plantear el ‘habeas corpus’ igualmente, dado que aún está en plazo para presentar recurso.
Puigdemont tiene otra causa pendiente con la justicia. El juez de Barcelona Aguirre pidió al Supremo que investigue al expresidente catalán por el ‘caso Voloh’, que estudia los supuestos contactos con Rusia en apoyo del proceso independentista.
