La asociación Hazte Oír amplió a principio de agosto su querella contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Sánchez, para que se investiguen estos contratos adjudicados a Globalia y pone el foco en las prórrogas, que considera «irregulares».
En un comunicado, el grupo de la familia Hidalgo señala que la licitación del procedimiento administrativo de adjudicación y posterior prórroga del contrato centralizado de servicio de agencia de viajes de la Administración General del Estado se publicó en el BOE el 12 de diciembre de 2017. Añade que la adjudicación se produjo el 8 de marzo de 2018 y los contratos de los distintos lotes se formalizaron el 12 de abril de 2018. «Por lo tanto, la adjudicación de estos contratos se realizó con un Gobierno de signo distinto del actual».
El contrato, de un total de 285,6 millones de euros, se dividió en cinco lotes diferentes y se presentaron un total de 12 ofertas entre todos los lotes, explica. De los cinco lotes licitados, sólo dos fueron adjudicados a la entonces filial de Globalia, Viajes Halcón (ahora en manos de Ávoris), por un importe conjunto de 106 millones de euros. Los restantes 179,6 millones fueron adjudicados a otras empresas, que ni tienen ni han tenido ningún tipo de relación contractual con Globalia.
La nota añade que todos los contratos fueron prorrogados en dos ocasiones: inicialmente desde el 6 de abril de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 y después, desde el 1 de enero de 2021 al 5 de abril de 2022. Defiende el grupo que la prórroga de contratos de esta naturaleza es práctica habitual en la Administración, hasta el punto de que los que están actualmente en vigor con el mismo objeto (que ya no gestiona Globalia, sino una compañía de Ávoris) están prorrogados desde el 22 de abril de 2024 hasta el 21 de abril de 2025.
