En un análisis que se extiende hasta 2023, los auditores de la UE han observado que se han producido retrasos generalizados en los desembolsos de fondos así como en la ejecución de los proyectos incluidos en los planes de Recuperación. Si bien la dotación del plan completo asciende a 724.000 millones de euros, los Estados miembro solo habían utilizado un tercio de la financiación a cierre de 2023, fecha que marca el ecuador de un plan de choque cuyo despliegue tocará fin en 2026.
Tales retrasos ponen en riesgo la consecución de los objetivos del plan de salida de la pandemia y, pese a los esfuerzos de los Estados miembro para avanzar en el cumplimiento de sus objetivos, los auditores advierten de que quizás no sea posible «agotar o absorber» la totalidad de la financiación a tiempo, así como completar las medidas previstas antes de que termine el plan de Recuperación en agosto de 2026.
El informe hecho público este lunes hace hincapié en el peligro de que «no todas las medidas previstas se completen a tiempo». A finales del 2023, se habían presentado el 30% de los 6.000 hitos y objetivos. Sin embargo, quedan por cumplir los más difíciles ya que las reformas se enmarcan en la primera mitad de los planes y la segunda mitad, la que viene ahora, implica más inversiones. Así, considera que este aplazamiento de las inversiones podría aumentar aún más los retrasos y ralentizar aún más la absorción de fondos Next Generation.
La responsable de esta auditoría, la miembro del Tribunal de Cuentas de la UE Ivana Maletic ha subrayado la importancia de que los Estados miembro puedan gestionar la financiación de los fondos Next Generation: «Estamos señalando los riesgos, ya que los países de la UE habían utilizado menos de un tercio de los fondos previstos a la mitad y habían realizado menos del 30 % de los avances hacia la consecución de sus hitos y objetivos predefinidos».
El análisis valora de forma positiva la buena ejecución de la prefinanciación incluida, la primera dotación que se transfirió a los Estados miembro cuando arrancó el plan. Sin embargo, el ritmo de utilización de los fondos desde entonces se fue ralentizando.
Son 213.000 millones de euros los que han sido transferidos desde Bruselas a los países, aunque hay dificultades para que lleguen a los receptores finales. Este es uno de los principales escollos que subraya el análisis del organismo con sede en Luxemburgo. «Casi la mitad de los fondos desembolsados a los quince Estados miembro que facilitaron la información para el análisis (entre ellos España) aún no habían llegado a los receptores finales», dicen los auditores.
Lejos de ser la excepción, los retrasos en el calendario de solicitud de pagos se han convertido en un problema generalizado a todos los países del bloque. Ha dificultado este proceso la inflación o la escasez de suministro, pero también la falta de capacidad administrativa. Como muestra, a finales de 2023 se habían presentado el 70% de solicitudes previstas, un 16% menos de lo esperado. España, por su parte, lo hizo al filo de lo planeado, y solicitó ese cuarto pago pocos días antes de finalizar el ejercicio, aunque luego entre prórrogas y negociaciones el pago no se produjo hasta este verano.
España también protagoniza uno de los ejemplos que utiliza el documento sobre medidas que se han complicado por circunstancias externas. Los auditores se refieren al objetivo de renovar 231.000 viviendas residenciales antes de finalizar 2023, lo que se retrasó por una demanda inferior a lo previsto por la inflación y el empuje que experimentaron las materias primas.
