García Ortiz subraya que «es necesario hacer una reflexión sobre el ejercicio de la acción popular» porque «la utilización en la justicia penal de una figura que, pese a su previsión constitucional, permite el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin filtro alguno, aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas y pervierte el esquema natural y lógico en el que solo deberían llegar ante los tribunales de justicia, al proceso, en definitiva, aquellas investigaciones en las que concurran poderosos indicios de responsabilidad criminal».
Lo contrario, añade, «contribuye a fomentar la utilización del proceso y de los tribunales con fines espurios». Y por eso, «es preciso un cambio de modelo que permita invertir el esquema que vemos reproducido a diario y en todas las instancias, aquel en el que los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional penal son el primer y único filtro de averiguación de los hechos, incluso aquellos que dudosamente presentan caracteres de delito, lo que puede pervertir la finalidad del procedimiento y la propia idea de Justicia». El Fiscal General ha puesto números encima de la mesa señalando que este sistema «permite el acceso directo a cincuenta millones de ciudadanos ante el Tribunal Supremo, con lo que el riesgo de colapso del propio tribunal y del resto de tribunales es evidente».
García Ortiz también ha apostado por ‘centralizar’ el servicio público de la Justicia para que sea igual en todo el territorio. Según sus palabras, «la justicia no es ni debe ser el cliente de ninguna empresa proveedora de servicios. Somos los titulares de un servicio público, garantes de los derechos de la ciudadanía, y en este marco y con este presupuesto apeló a recuperar un marco unitario y no fraccionado de gestión de los procedimientos judiciales y fiscales en todo el país. Todas las instituciones y colectivos que conformamos la Justicia española anhelamos un sistema unificado para todo el territorio».
El Fiscal no ha querido dejar pasar la polémica de la crisis migratoria y la desinformación que existe en torno a este drama humano. El reto de las migraciones, ha dicho, «no es un acontecimiento pasajero ni extraordinario; es una realidad que debemos gestionar con responsabilidad. No nos cansaremos de repetir lo que es obvio: los y las migrantes son, sin ningún matiz o calificativo, en primer lugar personas, con la dignidad y derechos inherentes a su condición, exactamente igual que lo somos nosotros o lo son nuestros hijos e hijas. Por ello, y no es ocioso insistir en ello, será la historia la que nos juzgue si al hablar de niños o de niñas migrantes, nos referimos a ellos como si fueran mera mercancía, números o cromos que se intercambian en el mercado de las palabras o, lo que es más peligroso, sembrando semillas de odio contra estas personas especialmente vulnerables que pueden prender en sociedades desinformadas o manipuladas». Frente a los discursos de odio que «pretenden socavar nuestras instituciones, nuestros principios y valores democráticos o, en definitiva, nuestra propia convivencia, el sistema resiste».
García Ortiz se ha felicitado por la renovación del Consejo del Poder Judicial y ha puesto como ejemplo de información veraz la Memoria de la Fiscalía que ha desgranado en su discurso porque «se proyecta en el tiempo con el rigor de sus datos frente a la banalidad de otros comentarios destinados a morir en algunos titulares de prensa, fomenta la confianza en las instituciones y combate la desinformación, la mentira y el infundio, uno de los riesgos más importantes para nuestra democracia y también nuestra convivencia».
«La ciudadanía puede estar tranquila», ha concluido García Oriz. «El Ministerio Fiscal ha actuado, actúa y actuará, porque así debe hacerlo, de forma imparcial y sometido exclusivamente al imperio de la ley. No hay derecho ni democracia al margen de la ley, al margen de la expresión de la voluntad del pueblo. A ella nos debemos y a ella nos sometemos».
