Durante su intervención este jueves en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados, la presidenta del regulador, Cani Fernández, ha explicado que el proceso se está alargando por el hecho de que la operación se esté realizando de manera hostil. «Como pueden imaginar, en el caso de una OPA hostil, tenemos toda la información del notificante, es decir, del adquiriente, pero no tenemos la información del objeto de la OPA, del Sabadell», ha explicado Fernández durante su intervención inicial en la Comisión. Hemos obtenido esa información a base de requerimientos de información que han sido retirados en la medida de lo necesario», ha agregado.
La CNMC también ha tenido que hacer ejercicios de comparabilidad de los datos, porque en «muchas ocasiones» la información que ha obtenido «no es compatible». La presidenta del regulador ha explicado que en este caso no ha existido un «largo proceso de prenotificación» como sí suele ocurrir en el caso de operaciones amistosas. BBVA remitió la solicitud de autorización a la CNMC el pasado 31 de mayo. El regulador dispone de un plazo de un mes para emitir su dictamen, pero ese plazo queda en suspenso siempre que realiza una solicitud de información para poder analizar por completo la operación de concentración.
«Hay que tener la necesaria paciencia, el necesario respeto al trabajo de los técnicos, porque desde luego lo que no vamos a dejar de hacer es aplicar el rigor técnico que siempre hemos aplicado a este tipo de operaciones», ha añadido.
Posteriormente, una vez disponga de toda la información necesaria y termine la primera fase, la CNMC puede decir si se aprueba, si se aprueba con compromisos o si se pasa a una segunda fase en función de la complejidad. Y esta segunda fase durará tres meses, con la misma posibilidad de quedar en suspenso ante requerimientos de información. Además, en caso de llegar a segunda fase, ya se vaya a aprobar con compromisos o condiciones, la operación se elevará «de oficio» a una tercera fase al Ministerio de Economía, que a su vez podrá elevarla al Consejo de Ministros, que podrá imponer condiciones más duras o relajarlas en función de otros criterios diferentes a la mera competencia.
Fernández ha explicado durante su intervención que la segunda fase podrá acabar con una aprobación con compromisos o con una mezcla de compromisos y condiciones o con una prohibición total. «Debo señalar que en nuestro sistema, a diferencia de otros sistemas de otros reguladores del entorno, además de aceptar compromisos, tenemos la posibilidad de imponer condiciones», ha subrayado la presidenta del regulador. Para ella, esto es «muy relevante» porque si los compromisos no fueran suficientes, se podría llegar a imponer condiciones para conseguir que el mercado posterior a la fusión no plantee problemas de competencia. «No es necesario prohibir una fusión en España para eliminar los posibles problemas de competencia», ha destacado.
En todo caso, Fernández ha recordado que el proceso de análisis de esta operación se está realizando con arreglo a «metodologías ya establecidas», debido a que la CNMC ha analizado operaciones en este sector de manera reciente, como las fusiones de CaixaBank con Bankia o de Unicaja con Liberbank. «La metodología es muy clara»
