Desestima así los recursos de apelación en los que se reclamaba dejar fuera los mensajes de las cuentas oficiales de correo del organismo provincial y anularlo como posible prueba en la causa que se indaga si David Azagra, el presidente socialista de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y el jefe de recursos humanos, Alejandro José Cardenal, cometieron delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación con su contratación.
La Audiencia pacense resuelve que hay la «necesaria motivación» para que la UCO se hiciese con los correos electrónicos porque se refiere solo a aquellos «mantenidos a través de la cuenta corporativa» por los tres investigados y «en un ámbito temporal determinado», que va en el caso de Gallardo y Cardenal de marzo de 2016 a diciembre de 2022, y en el caso del hermano del presidente del Gobierno, desde la misma fecha en que comenzó a trabajar para la institución hasta la actualidad.
El tribunal superior respalda, además, que, como refirió la jueza instructora para justificar la incautación, de la documentación acumulada, procedente de las diligencias practicadas hasta ahora en el procedimiento «se cuestionan las concretas actividades que comprende» el puesto de David Azagra, «su escasa actividad como director de orquesta» y la «escasez de producción del programa Ópera Joven» que dirige.
Además de que carece de despacho propio y la existencia de un informe que apunta a que el cambio de nomenclatura de su cargo en 2022 -de coordinador de actividades de los conservatorios de la provincia a jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación- «no obedeció a un cambio de funciones sino a una diversificación».
Avala así que es necesario «profundizar en la investigación», como se hizo con el acceso a los correos, ya que existe «motivación más que suficiente» para realizar una «medida absolutamente idónea» ya que estos mensajes electrónicos emitidos o enviados por David Sánchez, Gallardo, Cardenal y otros siete trabajadores permite «recabar información relevante directamente relacionada» sobre la creación del puesto de trabajo para el músico y su cambio de nombre al ser hechos bajo sospecha. Y dado que de «otra forma que no sea la de su intervención» sería posible conocer su contenido.
Los recursos fueron interpuestos por el presidente de la Diputación y el responsable de personal, sumándose después David Azagra, para tratar de que se destruyese el contenido recaba por haberse ordenado en base a «meras sospechas», sin haberse motivado suficientemente por la jueza y de la tesis de que se trata de una investigación prospectiva y vulneradora de la presunción de inocencia.
Aseguraban en estas alegaciones desestimadas que se apoya la orden de entrar y registrar la sede de la institución provincial pacense en que la UCO observó que no habían tenido lugar una serie de actos preparatorios para la contratación del hermano de Sánchez en su análisis de la documentación sorbe ello que la Diputación entregó al Juzgado.
