La resolución que recurrió la concesionaria de las autopistas que se vieron abocadas a concurso de acreedores y liquidación estimaba en 450,7 millones la compensación por la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). No obstante, la sentencia, fechada el 28 de enero de 2026, deja sobre papel mojado dicha liquidación y obliga al Ejecutivo a rehacer el cálculo de la RPA siguiendo los criterios fijados por el Alto Tribunal. El fallo, al que ha tenido acceso este medio, reconoce parcialmente las pretensiones de la concesionaria, que reclamaba la corrección de partidas económicas relacionadas con las obras ejecutadas. El pronunciamiento se enmarca en el largo contencioso derivado del colapso de las autopistas radiales de Madrid, uno de los episodios más complejos del modelo concesional español. Accesos de Madrid obtuvo en 1999 la concesión para la construcción y explotación de estos tramos estratégicos por un plazo de 50 años, con la infraestructura puesta en servicio en 2004. El desplome del tráfico tras la crisis financiera y económica de 2008 hizo inviable el proyecto, lo que condujo a la insolvencia de la concesionaria y a la apertura de la fase de liquidación del concurso de acreedores en noviembre de 2017.
La concesión administrativa incluía la construcción, conservación y explotación de los tramos: M-40 Arganda del Rey, de la autopista de peaje R-3, de Madrid a Arganda del Rey; M-40 Navalcarnero, de la autopista de peaje R-5, de Madrid a Navalcarnero, y de la M-50 entre la autopista A-6 y la carretera M-409. En noviembre de 1999 se formalizó con la sociedad concesionaria Accesos de Madrid el contrato de concesión, hasta que en 2012 fue declarada en concurso de acreedores arrastrada por la caída de los tráficos y la deuda contraída, entre otros conceptos, por el pago de las expropiaciones.
Tras ello, en noviembre de 2017 se inició la fase de liquidación de Accesos de Madrid, y en mayo de 2018 los tramos R3 y R5, cuya deuda fue asumida por distintos fondos, pasaron a ser gestionados por el Estado a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa). Según la primera resolución de 2021 dentro de este proceso, el importe a pagar a cuenta alcanzaba una RPA de 119,15 millones.
