La petición fue presentada apenas media hora después del anuncio realizado por Pedro Sánchez sobre el adelanto electoral. El partido considera que la nueva convocatoria modifica sustancialmente el escenario existente cuando el Supremo dictó, el pasado 10 de septiembre, una medida cautelar relacionada con estas inscripciones.
La formación reclama que la Junta Electoral Central y la Oficina del Censo Electoral certifiquen, de forma agregada y sin datos personales, cuántos electores del censo vigente están afectados por la suspensión, así como el estado de los expedientes revisados.
El origen de la controversia está en el calendario electoral. La ley establece que el censo aplicable a unos comicios es el cerrado el primer día del segundo mes anterior a la convocatoria. En este caso, el censo quedó fijado el 1 de agosto, antes de que el Supremo adoptara sus medidas cautelares.
Iustitia Europa sostiene que es necesario identificar qué inscripciones están afectadas para garantizar que ninguna de ellas produzca efectos electorales mientras siga vigente la suspensión acordada por el alto tribunal.
La complejidad del proceso radica en que ni el Registro de Matrícula Consular ni el CERA recogen de forma directa la vía por la que una persona adquirió la nacionalidad española, lo que obliga a revisar miles de expedientes individuales.
La disputa tiene su origen en la Ley de Memoria Democrática, que facilitó el acceso a la nacionalidad española a descendientes de personas exiliadas. El auto del Supremo suspendió los efectos electorales de determinados beneficiarios mientras se resuelve el procedimiento judicial.
Ante la proximidad de los comicios, la formación reclama una respuesta urgente para despejar cualquier duda sobre la composición definitiva del censo electoral del 29 de noviembre.
