Sánchez deja tras de sí una legislatura que pasará a los libros por un hecho sin precedentes: ser el primer presidente de la democracia incapaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado durante todo un mandato.
No estamos hablando de una ley cualquiera. Los Presupuestos constituyen la columna vertebral de cualquier proyecto de gobierno. Son la prueba definitiva de que un Ejecutivo dispone de una mayoría suficiente para llevar adelante sus compromisos. Cuando un presidente no logra aprobarlos ni una sola vez en toda la legislatura, la conclusión es evidente: carece del respaldo parlamentario necesario para gobernar.
Lejos de asumir esa realidad, Sánchez ha optado por la estrategia que ha caracterizado buena parte de su mandato: buscar culpables fuera. Según su relato, los responsables de sus dificultades no han sido la fragilidad de sus alianzas ni la incapacidad de construir consensos, sino unas supuestas «élites económicas y sociales» empeñadas en sabotear su acción política. Una explicación tan cómoda como irresponsable.
Resulta preocupante que un presidente del Gobierno haya convertido en adversarios a quienes crean empleo, arriesgan capital, generan inversión y sostienen buena parte de la prosperidad del país. Durante años, Sánchez y buena parte de su Ejecutivo han señalado sistemáticamente a empresarios, bancos, eléctricas, fondos de inversión, tecnológicas e incluso cadenas de distribución como si fueran enemigos del interés general. Rara vez se ha visto en España un nivel de hostilidad semejante hacia el tejido empresarial.
El problema no es discrepar de determinadas compañías o cuestionar decisiones concretas. Eso forma parte del debate democrático. El problema es transmitir de manera constante la idea de que el beneficio empresarial es sospechoso, que quien invierte es un obstáculo y que quien genera riqueza debe ser contemplado con recelo. Esa visión ideológica no sólo es injusta; también resulta profundamente contraproducente para una economía que necesita inversión, confianza y seguridad jurídica.
Mientras el Gobierno celebraba supuestos éxitos económicos sin precedentes, era incapaz de aprobar la principal ley de cada ejercicio. Mientras hablaba de fortaleza y progreso, dependía de una aritmética parlamentaria cada vez más deteriorada. Mientras denunciaba conspiraciones de oligarcas y poderosos intereses ocultos, no conseguía reunir los apoyos mínimos para presentar unas cuentas públicas viables.
Las elecciones del próximo 29 de noviembre son, en realidad, la admisión de esa derrota. No se convocan porque el Gobierno haya culminado con éxito su proyecto, sino porque ha agotado su capacidad para seguir sosteniéndolo. Son el reconocimiento implícito de que la legislatura estaba políticamente acabada.
Sánchez abandona el escenario dejando una herencia institucional preocupante: una legislatura sin presupuestos, una creciente polarización social y una relación deteriorada con amplios sectores productivos del país. La historia política recordará estos años no por la supuesta resistencia frente a oscuras élites económicas, sino por la paradoja de un presidente que nunca consiguió reunir los apoyos necesarios para gobernar con normalidad y que convirtió la confrontación con el mundo empresarial en una de las señas de identidad de su mandato.
Ahora la palabra pasa a los ciudadanos. Pero el veredicto sobre esta legislatura parece ya difícil de discutir: un gobierno que no pudo aprobar un solo presupuesto ha terminado haciendo de la excepción institucional su única forma de supervivencia política.
