Según las fuentes consultadas, la ponencia redactada por el magistrado conservador César Tolosa propone declararlo inconstitucional, si bien lo más probable es que la mayoría progresista del Pleno abogue por avalar el fondo regional, aduciendo cuestiones de forma.
El TCu pidió a los líderes independentistas una fianza de 2,1 millones de euros que avaló el Fondo Complementario de Riesgos a través del Instituto Catalán de Fianzas (ICF), en el marco del procedimiento contable por los gastos del 1-O y la acción exterior, hoy suspendido por la amnistía.
Este procedimiento afectaba a 35 ex altos cargos catalanes, entre ellos los ex presidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y el ex vicepresidente Oriol Junqueras, que fueron juzgados en noviembre del año pasado.
Por último, el TC estudiará si admite a trámite el recurso del Gobierno contra el protocolo de menores migrantes aprobado por el Ejecutivo canario, que en estos momentos se encuentra suspendido cautelarmente por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El recurso de Moncloa se dirige en concreto contra el Acuerdo del Gobierno de Canarias del 2 de septiembre, en relación con los menores extranjeros no acompañados, así como contra la resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del 10 de septiembre, por la que se establece el protocolo territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados en Canarias.
La corte de garantías analizará la admisibilidad a trámite de la impugnación de Moncloa en base a una ponencia redactada por el magistrado conservador Ricardo Enríquez.
Fue el pasado 24 de septiembre cuando el ministro Ángel Víctor Torres anunció que el Gobierno había acordado llevar al TC el protocolo canario después de que el Consejo de Estado dictaminara que «existen fundamentos jurídicos suficientes» para recurrirlo.
Haciéndose eco de dicho dictamen, Torres apuntó a un conflicto de competencias porque, si bien las comunidades autónomas pueden aprobar sus protocolos territoriales, «no pueden introducir requisitos no previstos en la normativa estatal para la recepción de los menores extranjeros no acompañados».
Además, el Consejo de Estado señaló que «las dificultades que pudieran existir en la identificación y determinación de edad» de estos inmigrantes, así como «la insuficiencia o saturación de los medios autonómicos disponibles para atenderlos», no son circunstancias que «permitan justificar un eventual rechazo de la comunidad autónoma a la recepción de los menores localizados en su territorio ni demorar la atención inmediata que los mismos puedan requerir».
Cabe recordar que este asunto ya es objeto de litigio en la jurisdicción ordinaria por una denuncia de la Fiscalía. El TSJ canario descartó levantar la suspensión cautelar del citado protocolo, rechazando así las alegaciones del Ejecutivo canario.
