La querella hace referencia a la posible malversación de caudales públicos en el uso de la Abogacía del Estado para su representación legal en la querella interpuesta contra el instructor del «caso Begoña Gómez», el juez Juan Carlos Peinado.
La asociación se querelló contra el también líder del PSOE porque utilizó a la Abogacía para presentar su querella por prevaricación contra el juez Peinado, pese a que «declaró en su condición particular» el pasado 30 de julio como testigo en la investigación judicial contra su mujer y se acogió, precisamente, «a su condición de esposo» de Gómez «para no prestar declaración».
Ese mismo día, tras su no declaración en Moncloa ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, presenta la Abogacía en su nombre dicha acción penal contra el juez aduciendo un supuesto «agravio» hacia su persona por no dejarle declarar por escrito. Un hecho «sorprendente» para Hazte Oír dado que el presunto perjuicio iría, en todo caso, en contra de los «intereses como ciudadano particular» por lo que, considera, que «ha utilizado medios públicos para ejercitar» una denuncia «que no tiene relación alguna con intereses públicos, sino con fines y caprichos particulares».
Cuando, además, subraya, en ningún momento está investigado en la causa por tráfico de influencias y corrupción en negocios. De hecho, recuerda esta parte de la acusación popular en el procedimiento contra Gómez, a Sánchez se le cita -y por ello se le obliga a declarar presencialmente- como ciudadano particular y sin referencias al cargo de presidente del Gobierno que ocupa.
Por lo que ven un delito de malversación impropia en que se hayan utilizado -sostiene- recursos públicos como es el cuerpo de letrados estatales para «la defensa de intereses particulares, todo ello con el consecuente gasto para el erario público».
