Apoyándose en el informe de la UCO, el Ministerio Fiscal ve «difícil entender que la operativa» urdida tanto por Aldama como por el entonces principal asesor del ministro, Koldo García, pudiese desarrollarse «sin la participación» directa del exministro de Transportes. Constata en el escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN que el que fuera presidente del Zamora Club de Fútbol, señalado por la UCO como «líder» de la trama y «nexo corruptor» en la Administración, «retribuyó» a Ábalos por los notables beneficios económicos que le reportaron los contratos públicos que obtuvo a través de Soluciones y gracias a la «relación privilegiada» que mantenía con el entonces ministro y su asesor.
En primer lugar, le abonó su colaboración con la compra de una vivienda, inmediatamente después de las adjudicaciones públicas de 2020 investigadas, que habría sido escogida por el propio Ábalos y, más tarde, adquirida por Aldama a través de terceros para el uso y disfrute del exministro y su familia. El inmueble está ubicado en la urbanización La Alcaidesa de La Línea de la Concepción (Cádiz) y en el último informe policial se le denomina «la casa de La Alcaidesa».
La otra contraprestación que Ábalos recibió del empresario viene de más lejos. Ya un año antes de que se firmasen las adjudicaciones bajo sospecha Aldama se encargaba del pago de la vivienda del centro de Madrid en la que vivía una mujer, llamada Jéssica, que entonces era la pareja del que fuera también «número 3 del PSOE».
El alquiler del apartamento, ubicado en la madrileña Plaza de España, unos 2.700 euros al mes, eran abonados a la mercantil que lo gestionaba por uno de los socios de Aldama desde marzo de 2019 hasta septiembre de 2021. La trama de «mordidas», asimismo, se habría encargado, por orden de Ábalos, de hacer efectiva la contratación de Jéssica por parte de dos empresas públicas dependientes de Transportes. Primero fue administrativa en Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco) y, más tarde, ocupó el mismo puesto en Tragsatec. Por estos hechos esta sección del Ministerio Público le atribuy al exministro socialista un delito de tráfico de influencias.
Anticorrupción expone, haciendo referencia a la UCO, que los agentes calculan que Aldama obtuvo 6,6 millones de euros con los contratos públicos que consiguió, primero, en Transportes y, más tarde, saltando a las administraciones de Canarias, Baleares y al Ministerio del Interior. Utilizando la «información privilegiada» que le trasladaron desde el seno del Ministerio que dirigía Ábalos conoció que dos organismos dependientes, Puertos del Estado y Adif, precisaban EPIS y se iba a tratar de conseguirlos a través de un trámite de emergencia. El propio Aldama, se señala en el escrito, lo admitió ante la Agencia Tributaria. Al final, Soluciones consiguió vender ocho millones de mascarillas a Puertos y otros cinco a la administradora de las infraestructuras ferroviarias públicas.
Todos estos hechos son los «indicios» que para Anticorrupción «evidencian la participación» de Ábalos en la trama de comisiones ilegales y que hacen necesario, como trasladan al instructor del «caso Koldo», Ismael Moreno, que eleve una exposición razonada al Tribunal Supremo, donde está aforado como diputado, para que este le investigue por los delitos de organización criminal y cohecho, además del citado trafico de influencias.
La Fiscalía especializada en la lucha contra la corrupción y las estructuras criminales rechaza, sin embargo, que exista algún indicio de que Ábalos o Koldo tuviesen una «participación crucial o determinante» para la concesión del rescate de más de 200 millones de euros a Air Europa.
Y pese a que, se señala en el escrito, la UCO reflejó que Aldama se valió de su relación con ambos para «tratar de influir» en que se convirtiese en el ayuda pública para evitar que quebrase la aerolínea de Globalia por las restricciones mundiales de movilidad que impuso la pandemia.
En el informe policial se alude a que el empresario que encabezaba la trama le daba cuenta al propio Javier Hidalgo, entonces CEO de la compañía, del «curso de los trámites» para su aprobación en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), pero también de gestiones para este fin con Ábalos y Koldo.
