Así mismo, ha anunciado que ha sacado a consulta pública el registro de jornada este mismo jueves y que el próximo 20 de octubre arrancará la negociación para la reforma del despido. Con este movimiento, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo pretende rearmar su agenda tras el varapalo parlamentario que sufrió la reducción de jornada laboral.
Según ha revelado en los desayunos informativos de Europa Press, la ampliación de los permisos será «por consanguinidad», aunque también se podría limitar por afinidad, sin concretar hasta qué grado. Díaz entiende que los permisos actuales –de dos días por fallecimiento de familiar de primer y segundo grado ampliables a cuatro si necesitan desplazarse a otra localidad– son «demasiado exiguos». «Nadie puede ir bien a trabajar a los dos días del fallecimiento de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija, de un amigo. Nadie puede hacerlo bien. Nadie», ha explicado la ministra.
Díaz ha adelantado que la medida ya está «trabajada, discutida y hablada» con sus socios de Gobierno, aunque sin entrar en más detalles. Además, ha apuntado que espera contar con una acogida favorable por parte de la patronal, con quien mantiene un importante enfrentamiento en las últimas semanas.
En el mismo foro, la ministra ha confirmado que este mismo jueves ha salido a consulta pública el proyecto de Real Decreto para la reforma del registro horario, una medida que la CEOE señaló como su principal objeción durante la negociación de la reducción de jornada. El proyecto de ley de las 37,5 horas –que incluía un nuevo registro horario y la desconexión digital– fue rechazado en el Congreso. Ahora, Trabajo busca que el sistema sea «fiable, verificable y objetivable» para cumplir con el TJUE.
«Nuestro registro de jornada no cumple con la legalidad europea», ha dicho Díaz, que insiste en que el objetivo es garantizar el pago de las horas extra, el respeto de los descansos y combatir la competencia desleal. Según sus datos, en España se realizan 2,8 millones de horas extraordinarias semanales sin retribuir. La vicepresidenta ha insistido en que la mayoría de las compañías actúan conforme a la normativa, pero ha advertido de que el nuevo control horario será «una herramienta necesaria» para luchar contra la competencia desleal y mejorar las condiciones laborales.
Díaz también ha avanzado que el próximo 20 de octubre convocará a sindicatos y patronal para abrir la negociación de la reforma del despido. El objetivo, ha explicado, no es revisar la cuantía de la indemnización –actualmente 33 días por año trabajado–, sino su «lógica indemnizatoria», siguiendo los criterios del daño emergente y del lucro cesante. «No es lo mismo despedir a un trabajador próximo a la jubilación que a un joven con alta capacidad de reincorporación; ambos casos deben tener tratamientos diferentes», ha apuntado.
En este contexto, la titular de Trabajo ha aprovechado para tender la mano a los empresarios de cara a la próxima subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que se negociará en las próximas semanas. «Prefiero un salario mínimo más bajo con acuerdo que uno más alto sin él», ha afirmado Díaz, quien ha asegurado que el presidente de la CEOE, Garamendi, «sabe perfectamente que no hay problema con el SMI».
Con esta batería de medidas, la ministra busca retomar la iniciativa política tras el fracaso parlamentario de la reducción de jornada y reabrir el diálogo social con sindicatos y empresarios en un momento en que su relación con la patronal atraviesa su punto más tenso de la legislatura.
