Así consta en el orden del día, donde la cuestión figura en la lista de asuntos para primera deliberación que se abordarán a partir del martes 22. El magistrado del sector progresista Ramón Sáez será el encargado de redactar la ponencia que debatirá el Pleno sobre el incidente de recusación de los ‘populares’. Este debate tendrá lugar después de que el tribunal resolviera la semana pasada la solicitud del PP de excluir de la deliberación sobre la ley de amnistía al presidente del TC, Conde-Pumpido. Por una amplia mayoría –de siete votos contra uno–, el tribunal rechazó apartarle, por lo que podrá participar en los Plenos sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por ‘Génova’ contra la norma.
Fuentes jurídicas señalan que está previsto que la mayoría del TC rechace también apartar a Díez, al considerar que el hecho de que trabajase en La Moncloa no es causa suficiente para que no participe como magistrada en las deliberaciones. Al margen, está previsto que los magistrados aborden la próxima semana los incidentes de recusación presentados contra Conde-Pumpido por la Comunidad de Madrid, la Xunta de Galicia, el Gobierno de Andalucía, la Generalitat Valenciana, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Cantabria, la Junta de Extremadura y el Gobierno de Illes Balears.
Se prevé que el tribunal aplique la doctrina que fijó en el Pleno anterior para mantener a su presidente en las deliberaciones sobre la ley de amnistía.
En el marco del Pleno, los magistrados también estudiarán si admiten a trámite el recurso de inconstitucionalidad que los diputados de Sumar, ERC, Bildu, Junts, Podemos y BNG presentaron contra la ley educativa de la Generalitat Valenciana
Asimismo, deberán pronunciarse sobre la admisión del recurso del presidente del Gobierno contra dos apartados de la ley riojana de medidas fiscales y admnistrativas para el año 2024. De igual modo, el tribunal deliberará sobre el recurso del PP catalán contra los acuerdos de la Mesa del Parlament del 10 de junio de 2024 por los que se constituyó la Cámara contabilizando los votos delegados del expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconsejero Lluís Puig.
El Constitucional también estudiará el recurso de los diputados del PP contra el decreto-ley por el que el Gobierno catalán creó el Fondo Complementario de Riesgos para cubrir las fianzas exigidas por el Tribunal de Cuentas (TCu) a los líderes del ‘procés’. Ya estimó la semana pasada un recurso de Vox contra el mismo texto al considerar que no había urgencia para crear dicho fondo.
Así mismo, el tribunal analizará también el recurso de los ‘populares’ contra varios artículos de ley 12/23, de 24 de mayo, de derecho a la vivienda.
Además, los magistrados deliberarán sobre el recurso del Gobierno contra un apartado de la ley de la Comunidad de Madrid que modifica la ley autonómica de protección contra la LGTBIfobia.
Por su parte, consta que esta semana la Sala Primera del TC tendrá entre sus asuntos para primera deliberación la petición de los seis jueces de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) aspirantes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de que se ejecute la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que consideró vulnerados sus derechos civiles por parte del propio Constitucional.
Fue en 2020 cuando la AJFV presentó su recurso de amparo constitucional porque las Cortes Generales llevaban dos años sin convocar Pleno para proceder al nombramiento de los vocales de procedencia judicial, que son 12 de los 20 que integran CGPJ. De ellos, 6 deben ser nombrados por el Congreso y 6 por el Senado.
El TC inadmitió su petición y el TEDH sentenció que la corte de garantías no había justificado en 2021 los motivos por los que rechazó de plano el recurso de amparo de estos magistrados, lo que atentó contra su derecho a la tutela judicial. También estableció que los seis candidatos a vocales del CGPJ «tenían derecho» a que sus candidaturas fueran estudiadas por el Parlamento de forma oportuna.
Ahora, el Constitucional abordará el asunto y, según las fuentes consultadas, tiene previsto declarar que la solicitud de los seis jueces perdió su objeto, toda vez que entiende que la vulneración constitucional que denuncian se subsanó con la renovación del CGPJ y la designación de sus 20 vocales.
