En una entrevista en la revista ‘Escritura Pública’ recogida por Servimedia, Fernández destaca que la realidad cotidiana demuestra, desde hace décadas, que la exigencia constitucional de independencia judicial «se cumple escrupulosamente».
El máximo responsable de la Audiencia Nacional subraya que velar por la independencia judicial es un deber de todas las personas que integran el poder judicial, al que se suma la garantía institucional que otorga la Constitución al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En este sentido, resalta que el principio de separación de poderes en España, además de por la legislación nacional, está garantizado por la UE, «cuya divisa distintiva, el imperio de la ley, descansa sobre la independencia judicial».
A este respecto, afirma que «la independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino que tiene un carácter instrumental», de forma que «el juez debe ser independiente porque solo así se garantizará la tutela efectiva que demanda la sociedad a la que servimos». «Ello implica», remarca, «que los otros poderes del Estado deben ser respetuosos con el funcionamiento independiente de los tribunales, algo que reclama la esencia misma del Estado de derecho, caracterizado, entre otras notas distintivas, por el principio de separación de poderes».
Respecto a los cambios derivados de la Ley 1/2025, el presidente de la Audiencia Nacional considera que el nuevo modelo organizativo supondrá «importantes mejoras», aunque advirtió que su éxito dependerá de contar con los recursos necesarios. Destaca que será necesario alcanzar «un amplísimo grado de consenso institucional», especialmente con el CGPJ, teniendo como objetivo prioritario «el correcto ejercicio de la función jurisdiccional».
En el caso específico de la Audiencia Nacional, señaló la necesidad de diseñar un modelo que atienda tanto a la proyección internacional de los tribunales penales como a la complejidad de sus causas.
Por otra parte, Fernández valora positivamente los progresos en materia de accesibilidad a la Justicia para personas con discapacidad que se han producido en los últimos años, al tiempo que destaca reformas como la del artículo 49 de la Constitución y la Ley 8/2021.
Explica que estas modificaciones han configurado un marco normativo que garantiza la dignidad de las personas con discapacidad, reconociéndoles plena capacidad jurídica, sin perjuicio de los apoyos necesarios para su ejercicio. Subraya que garantizar esta capacidad no es solo una «exigencia ética» sino una obligación constitucional que «nos hace mejores a todos», siendo los jueces garantes fundamentales de los derechos humanos.
El presidente destaca la dimensión internacional de la Audiencia Nacional, no solo en el ámbito penal sino también en el contencioso-administrativo, donde se resuelven asuntos relevantes como los asilos.
Asimismo, Fernández también incide en la importancia de la cooperación internacional, especialmente con países de la UE a través de Eurojust, para combatir las nuevas estructuras del crimen organizado. Además, valora como un «acierto» la competencia de la Audiencia Nacional en la investigación de delitos cometidos fuera del territorio nacional y en la resolución de extradiciones, convirtiéndose en un modelo de referencia internacional.
