Tras la aplastante victoria conseguida por la recién elegida presidenta, en la que el partido de centro-izquierda Movimiento Regeneración Nacional (Morena) obtuvo una mayoría de dos tercios en la Cámara de Representantes y una mayoría en el Senado, quedó claro que muchas de estas propuestas de reforma serían aprobadas. Entre ellas, la polémica reforma del poder judicial aprobada en septiembre, que modifica el actual procedimiento de nombramiento de los jueces federales para introducir un mecanismo que implicaría la elección popular. Una práctica ciertamente mal vista a nivel internacional, que suscitaría temores de influencia política en el sistema judicial y, según la mayoría de los críticos, abriría la perspectiva de un deterioro institucional en México.
Menos significativas para los mercados son, en cambio, la reforma sobre la protección de los pueblos indígenas y la reforma de la Guardia Nacional, el cuerpo policial que Amlo creó en 2019 con el objetivo de combatir el narcotráfico y que ahora pasa a depender de la Secretaría de Defensa y, por tanto, del Ejército. De cara al futuro, hay otra reforma que puede resultar incómoda para los mercados: la anulación de la independencia de organismos autónomos, entre ellos el organismo antimonopolios, el regulador energético y el de telecomunicaciones (esta última reforma fue propuesta por Amlo, pero aún no ha sido presentada al Congreso como ley).
Aunque, a raíz de las reformas, las preocupaciones institucionales se han convertido en una realidad, desde la perspectiva de las implicaciones de inversión y crédito, estamos adoptando un enfoque diversificado. En primer lugar, durante la pasada presidencia de Trump, México renegoció su pertenencia al USMCA, el tratado de libre comercio preferencial entre Canadá, México y Estados Unidos, y los representantes de Sheinbaum enfatizaron que su administración pretende fortalecer aún más la alianza con Estados Unidos. Una alianza decisiva si se tiene en cuenta que Estados Unidos es el principal socio comercial de México, receptor del 80% de las exportaciones mexicanas. La nueva presidencia también ha reconocido explícitamente la importancia del «nearshoring», es decir, el desplazamiento de las cadenas de suministro de China a México.
Por último, desde el punto de vista de la calificación crediticia, gran parte de la debilidad institucional ya está reconocida e incorporada en la calificación del país. No puede descartarse un cambio de perspectiva (especialmente por parte de Moody’s), pero todas las agencias de calificación han declarado que las tendencias fiscales son el principal elemento a vigilar tras la maniobra presupuestaria expansiva emprendida por Amlo en 2024. En 2025, se espera que la nueva administración presente un presupuesto centrado en la consolidación, cuestión que seguiremos de cerca.
