En efecto, su presidente, Reynés durante la presentación en España del informe de 2024 de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), que ha inaugurado en tanto que actual presidente del Club Español de la Energía,ha reclamado este martes al Gobierno «estabilidad fiscal» como uno de los elementos claves para que las empresas puedan hacer las millonarias inversiones en energías de «bajas emisiones» que se requieren en los próximos años para sustituir los combustibles fósiles y luchar contra el cambio climático.
La «estabilidad fiscal» es una de las cuatro «condiciones» para «incentivar la inversión a través de un marco estable para el sector de la energía» que ha enumerado Reynés. Además de «estabilidad fiscal», ha pedido «unidad administrativa» y «seguridad jurídica», entendida como «un marco de tranquilidad jurídica para que puedan hacer inversiones a largo plazo» y para las que necesitan «garantizar el acceso a recursos económicos». En tercer lugar, Reynés ha reclamado «estabilidad regulatoria», muy relacionada con la anterior y con la de tipo fiscal que entronca directamente con la ‘guerra’ que se ha recrudecido en las últimas semanas, sobre todo por parte de algunas compañías de energía cuyo negocio sigue dependiendo en mayor medida todavía de combustibles fósiles como el petróleo.
Naturgy ha desplegado en los últimos años un importante negocio en energías renovables pero mantiene también una notable actividad en el campo del gas natural y, por ejemplo, es el socio de la compañía estatal de Argelia, con la que mantiene un contrato de compra de larga duración para importar a España gas desde este país norteafricano, uno de sus principales proveedores.
Los mensajes acerca del nuevo impuesto a las energéticas se multiplican a medida que se acerca el momento en el que, de cara al proyecto de Ley de Presupuestos para 2024, el Gobierno debería concretar el diseño final de un nuevo gravamen que convertiría en permanente el tipo extraordinario que durante dos años ha gravado el 1,2% de los beneficios de las compañías del sector que facturen más de 1.000 millones como una forma de que contribuyeran a los costes en ayudas de las medidas contra los efectos de la crisis energética. Se creó en 2022, también junto a un nuevo impuesto a la banca, y el año pasado anunció que los convertiría en permanentes, aunque en el caso de las energéticas podrán deducirse inversiones que se consideren estratégicas.
