Ambas propuestas fueron debatidas el pasado martes 29 de octubre –el día que empezó la DANA–, y su votación se debía celebrar al día siguiente, pero la Junta de Portavoces, acabó suspendiendo el Pleno por las consecuencias que había dejado la DANA en Valencia y otras provincias. La votación pendiente debe celebrarse y se ha programado para el próximo jueves.
La iniciativa del PP se registró en mayo de este año, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid abrió una investigación al fiscal general por presunta revelación de secretos al desmentir la versión ofrecida por la Comunidad de Madrid sobre la regularización fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. De hecho, recoge otros episodios precedentes como las sentencias del Supremo contra nombramientos llevados a cabo por el fiscal general, como colocar a la exministra Dolores Delgado como fiscal de sala, o sus enfrentamientos con el Consejo Fiscal por ataques independentistas a fiscales del procés.
«Es imposible que don Álvaro García Ortiz siga un minuto más en el cargo cuando no escucha a la carrera fiscal, ni al Consejo fiscal –argumentaba el PP en su iniciativa.. Todo lo relatado supone gravísimos incumplimientos de las funciones del Fiscal General del Estado que abochornan a la carrera fiscal, a los juristas en general y a todos los demócratas».
El pasado mes de mayo, el PP ya consiguió sacar adelante en el Senado la reprobación de García Ortíz por «incumplimiento» de sus funciones, para lo cual contó con su mayoría absoluta en la Cámara Alta, así como con la abstención de Junts, ERC, PNV y Bildu, socios habituales del Gobierno.
En la iniciativa de Vox, que es posible que se vote por puntos, también se reclama en primer lugar la destitución «inmediata» de Álvaro García Ortíz en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales por la causa abierta que tiene en el Tribunal Supremo por revelación de secretos en el desempeño de su cargo. Asimismo reclaman al Gobierno que impulse una modificación de la Ley que regula el Estatuto del Ministerio Fiscal, para convertir en vinculante la audiencia preceptiva del Consejo General del Poder Judicial prevista en la Constitución para el nombramiento del fiscal general del Estado. Y por último, adoptar las medidas necesarias para garantizar la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia del fiscal general del Estado.
