Por ejemplo, Merlin, se ha planteado distintos escenarios y planes de contingencia. El objetivo de la mayor inmobiliaria de España es defender a sus accionistas, clientes y empleados, «sin excluir ninguna posibilidad legal a su alcance». Entre ellos, no descarta trasladar fuera de España su sede social.
«A la vista de las circunstancias, la compañía evalúa en estos momentos distintos escenarios y planes de contingencia, en defensa de sus accionistas, clientes y empleados, para el supuesto de que dicha aprobación se produzca», señala la compañía en un comunicado remitido a noche a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En el texto, Merlin explica que las socimi equivalen en España a fondos de inversión inmobiliarios (REITs) y denuncia que las modificaciones fiscales introducidas en el acuerdo «suponen, en la práctica, la supresión del régimen de las socimi. Actualmente, la firma está inmersa en una gran inversión paneuropea en el sector de los data centers.
En esta misma línea, los doce millones de clientes que tienen seguros de salud en España están pendientes de si sale adelante la propuesta de Sumar y PSOE de eliminar la exención fiscal para las primas de seguros de asistencia sanitaria y enfermedad, un hecho que evidentemente se traduciría en un aumento de su coste. En el texto del acuerdo se señala que «este tipo de exenciones tiende a favorecer a las personas con mayores recursos, quienes son las que en mayor medida pueden permitirse contratar pólizas de seguro privado. En lugar de contribuir a un sistema de salud más equitativo, se perpetúa una situación en la que el acceso a la atención sanitaria de calidad queda, en gran medida, en función de la capacidad económica de cada individuo, en lugar de ser un derecho universal garantizado para todos».
Unespa, discrepa de esta afirmación: «Este tipo de seguros se contrata por personas de todos los niveles de renta», indican. «Uno de cada cuatro ciudadanos en España decide voluntariamente contratar esta protección. Se trata de personas de perfiles socioeconómicos muy diversos que no consumen servicios sanitarios públicos, o lo hacen de una manera mucho más reducida, generando un ahorro de costes para el sistema público de salud».
Desde Unespa explican que, de acuerdo con la información de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en 2022, los contribuyentes del IRPF con rentas superiores a 60.000 euros ascendían aproximadamente a 1,2 millones de personas, de un total de casi 23 millones de liquidaciones (5 % del total). Si se ponen en relación ambas cifras, se desprende claramente que no se puede considerar como personas de rentas altas a más de 10 millones de ciudadanos que contratan un seguro de salud.
Además, si prosperara la idea de Sumar y PSOE, se contratarían menos seguros privados de salud y aumentaría la presión sobre el sistema público. Recuerdan que en la mayoría de los Estados miembros de la UE no se aplica el IPS sobre las primas de los seguros privados de salud por la función social que realizan.
Y todo ello sin olvidar que el seguro de salud es hoy por hoy el segundo más importante de España (por detrás del de auto). Entre enero y septiembre registró 8.108 millones de euros en primas, un 7,7 % más que en el mismo periodo del año 2023, según datos de Unespa. 2023 también fue un año de mayor negocio que el año anterior. A cierre del año pasado había 12,4 millones de personas con seguro de salud en nuestro país
