La presidenta de la Asociación Española de Banca, Kindelán, pidió este jueves directamente a los diputados que votarán esta tarde la medida en la Comisión de Hacienda del Congreso «que tengan las miras de largas». «Visión de largo plazo, por favor. No pensar en la recaudación del corto plazo, sino en las capacidades que tiene nuestra economía para financiar, para apoyar a las familias y a las empresas en estos momentos tan importantes. Esto es un impuesto contra el crecimiento económico. Es un impuesto contra el progreso social de la economía», alertó durante las jornadas financieras organizadas por ABC y Deloitte. A juicio de la presidenta de la patronal de banca el tributo supone «un lastre» en un momento en el que la economía precisa crecer e invertir, además de ir en contra de las tendencias en Europa y los requerimientos de mayor solvencia de los supervisores.
Según sus cálculos, el tributo aminora en unos 50.000 millones de euros el capital, un impacto que cuando se extrapola a financiación «son 250.000 hipotecas medias en España. Son muchas fábricas, muchos proyectos de investigación y desarrollo, muchas, muchas necesidades de inversión y de financiación que lamentablemente desde el sector habrá que poner en la balanza. Con lo cual supone un lastre para la economía en un momento en que no hace falta», agregó. Kindelán criticó que su establecimiento supone además un «señalamiento» porque parece que el sector bancario «es un sector tóxico que tiene externalidades negativas hacia la economía y que tiene que pagar», cuando la industria el pasado año contribuyó a las arcas públicas con 14.400 millones solo con el impuesto de sociedades, sin incluir el resto de tasas específicas que soporta esta industria.
La directiva criticó que su elaboración se ha conducido de una manera «poco transparente con el sector», que no ha podido entrar en consulta pública durante el proceso pese a trasladar su interés al Gobierno a través del correspondiente ministerio.
En contra de su formulación señaló que implica una «fragmentación» cuando Europa está pidiendo justamente lo contrario, una integración de los mercados financieros y de capitales, por su aplicación y porque tendrá un tratamiento diferente según la comunidad autónoma. Kindelán reprochó que el Ejecutivo lo acuñó como un gravamen extraordinario por el aumento de los beneficios con la subida de tipos «y hoy ese contexto se ha dado la vuelta» y hay crecientes incertidumbres geopolíticas susceptibles de afectar al entorno macrofinanciero.
Al respecto apuntó a la llegada a la Casa Blanca de Trump con unos anuncios de políticas económicas que «van a tener impactos clarísimos» en el comercio mundial, sobre los conflictos abiertos en, por ejemplo, Ucrania «que tienen un impacto en los precios de las materias primas, en los tipos de cambio en los mercados», y que los mercados todavía «no han internalizado». Otro factor en contra que expuso es que limita la capacidad de financiación cuando Europa encara unas necesidades de inversión «enormes», recordando el Informe Draghi que cifra tales necesidades en 800.000 millones de euros y el 75% debe cubrirlas el sector privado con el concurso necesario de la banca.
Ante esta realidad indicó que los supervisores y organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo que están pidiendo es, precisamente, a la banca que refuercen los niveles de solvencia y rentabilidad «porque pueden venir curvas».
