Todo tiene su origen en la necesidad perentoria de contar con unos PGE 2025 que le permitan a Sánchez seguir en La Moncloa hasta el final de la Legislatura. Como los múltiples socios pasan su recibo al cobro, la ministra Montero se ha encontrado con un cumulo de peticiones imposibles de cumplir, pues hacer lo que dice uno de sus socios, da lo mismo cual, supone dejarle a otro sin su capricho. Así horas y horas hasta que al final, ya de madrugada los negociadores abandonaron la Comisión de Hacienda con el trabajo sin hacer.
Eso sí, a las 0,54 horas de la madrugada Hacienda remitía a los diarios una brevísima nota en la que decía textualmente: El Gobierno quiere aclarar que mantiene su acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización.
Y es que el miedo a tener que salir de La Moncloa es terrorífico y los chicos de Puigdemont pueden dar un paso atrás en cualquier momento y hacer que don Pedro tenga que salir del palacio de Velázquez.
Es decir, ERC, Bildu y BNG han acordado que el Gobierno presentará un real decreto ley para extender un año más, a 2025, el impuesto energético, que era un requisito irrenunciable de estas formaciones para apoyar la transposición de la directiva y el paquete energético del Gobierno, que se había incluido como enmiendas a esta ley. El acuerdo también incluye el compromiso de aprobar en el Pleno del próximo jueves el mantenimiento del impuesto a la banca -que este lunes ha sido rechazado en comisión- y aumentar el tramo más alto del impuesto, así como que toda la recaudación se destine a las comunidades autónomas y se concierte el tributo con las haciendas forales. Los tres partidos han celebrado este «acuerdo equilibrado» superando «obstáculos y diferencias» para avanzar hacia la justicia y la progresividad fiscal.
La aprobación de la transposición de la directiva ha estado en el aire hasta el último momento ante la negativa de ERC, Bildu y BNG de apoyarla si no incorporaba el impuesto energético y, al mismo tiempo, la decisión del PP de no votar a favor si incluía -como ha ocurrido- subidas fiscales. Aunque no había un acuerdo con los socios parlamentarios del Gobierno, la comisión ha incorporado al texto varias enmiendas, entre ellas subir el IRPF para las rentas del capital de más de 300.000 euros, gravar los vapeadores, subir la tributación del tabaco o reformar el impuesto de sociedades para neutralizar la anulación de las reformas del PP a este impuesto.
Y a todo ello se suma el hecho de que Podemos, sin representación en la Comisión pero con ganas de hacerse notar, ya han señalado que desconfían de este acuerdo. «Está muy bien que el gobierno se comprometa a prorrogar el gravamen a las energéticas con ERC y Bildu, pero sin garantías de que Junts también lo apoyará es poco más que papel mojado. Podemos sólo apoyará esta reforma fiscal si el impuesto realmente se mantiene», ha publicado Ione Belarra, secretaria general de la formación morada.
Así que todo puede saltar por los aires este mismo jueves
