Es el acuerdo de la reunión que Podemos exigió al Gobierno para dar su apoyo a la reforma fiscal y a la que ni PNV ni Junts han asistido, por lo que, de momento, no están garantizados los votos para convalidar ese futuro decreto ley. La idea original era redactar una proposición de ley, pero finalmente se ha decidido apostar por un decreto que prorrogue la tasa con su diseño actual de prestación patrimonial de carácter no tributario, que fue a lo que el Gobierno se comprometió con ERC, Bildu y BNG.
Esta vía permite que el Gobierno gane margen ante la oposición de los partidos nacionalistas de derechas, ya que la extensión entraría en vigor tan pronto como se aprobara en Consejo de Ministros. Después, el Ejecutivo contaría con 30 días para convalidarlo ( para lo que sí necesitaría los votos de Junts y PNV) por lo que el impuesto estaría en vigor en el momento en el que las compañías del sector comenzaran a hacer el pago en febrero.
PNV y Junt`s son especialmente sensibles con las compañías del sector, por lo que rechazaron brindar su apoyo a la conversión de este impuesto en uno permanente (como si hicieron con el bancario) en la Comisión de Hacienda que tuvo lugar hace dos semanas. Pero además, los nacionalistas vascos ya avanzaron que darían su negativa a la extensión del gravamen temporal, puesto que a diferencia del eventual nuevo impuesto, no se puede concertar. Es decir, los territorios forales no podrían pactar con la Administración Central los tipos o las condiciones que aplicarían en su territorio, ni tampoco controlar los ingresos, un aspecto que sí tienen garantizado con el nuevo diseño de la tasa a los márgenes de las entidades financieras.
