En la providencia la magistrada Biedma -que investiga a David Sánchez por delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude fiscal- ha solicitado a la Diputación de Badajoz, cuyo presidente, el socialista Gallardo está también imputado, que complete la información solicitada sobre el reglamento de 2003 que regula el procedimiento para la aprobación, revisión y modificación de la relación de puestos de trabajo de la Diputación. Y es que la instructora pone de manifiesto que entre la documentación que se envió no figura «la aprobación definitiva» del reglamento «tras la información pública y resolución de reclamaciones», como tampoco «la publicación del texto en el BOP como condición para su entrada en vigor y producción de efectos jurídicos».
La Diputación sí aportó el certificado del acuerdo plenario que validó el acuerdo con los sindicatos sobre la valoración de puestos de trabajo y la revisión de las condiciones laborales de los puestos de trabajo excluidos del proceso de negociación.
Asimismo, la magistrada señala que en las fichas relativas a las modificaciones de denominaciones de puestos de trabajo» de la Diputación «no se acompaña a la ficha relativa a David Sánchez» -citado a declarar como investigado el próximo 9 de enero-, a diferencia de las demás, «el apartado relativo a la descripción de funciones del puesto de trabajo», un dato que -recuerda- «no constaba tampoco en la anterior documentación aportada». Y eso pese a que en esa ocasión la Diputación incluyó entre la documentación aportada una memoria justificativa con la «descripción de las funciones de cada puesto y posición de los mismos en el Organigrama de funcionamiento del área o dependencia».
La jueza quiere examinar también los proyectos de coordinación presentados por dos de los aspirantes al puesto de coordinador de actividades de los conservatorios, que finalmente se asignó a David Sánchez, puesto que la documentación aportada tiene «archivos dañados a los que no es posible acceder».
En el escrito en el que se opone a su citación como imputado, la defensa de David Sánchez tachaba la investigación contra él de «estrategia elíptica de desgaste político» de Pedro Sánchez. Su abogado señalaba que no se ha acreditado que David Sánchez «tuviera vínculo alguno» con la comunidad autónoma de Extremadura «que sostenga el carácter a la carta» de su puesto de alta dirección como coordinador de conservatorios en la Diputación de Badajoz. El día de la convocatoria de la plaza, afirmaba además, Pedro Sánchez «había tocado fondo en el partido político en el que milita, sin expectativa razonable de ostentar un cargo relevante».
La defensa de David Sánchez -que considera que «nada hay probado» respecto a su supuesto absentismo laboral- reiteraba que desde el comienzo de la instrucción ha señalado «la vaguedad material de los signos de pretendida criminalidad que estimularon su apertura», según denuncia con apenas «unos recortes de prensa y un pantallazo del portal de transparencia» del hermano del presidente del Gobierno, una denuncia de Manos Limpias que tacha de «evanescente».
Su abogado defiende que el hermano del presidente del Gobierno accedió a su plaza de coordinador de conservatorios en la Diputación de Badajoz (un cargo que luego se convirtió, sin mediar concurso alguno, en el de jede de la Oficina de Artes Escénicas) «tras un proceso administrativo selectivo y concurrente», por lo que califica de «ensoñadas irregularidades» las objeciones sobre un supuesto tráfico de influencias. A este respecto, critica que desde los medios de comunicación se le haya señalado como «un trabajador no ejemplar», buscando así por elevación «el mal de otros» (en referencia a Pedro Sánchez)
