El juez ha entendido que es necesario otorgar el estatus de investigado al todavía diputado del Grupo Mixto en la causa abierta en el Alto Tribunal por las posibles irregularidades cometidas durante su etapa como titular del Ministerio de Transportes, en los contratos de emergencia relacionados con la pandemia de la Covid-19. Así las cosas, Puente ha dictado un auto en el que acuerda dirigirse a la Cámara Baja para suspender la inmunidad Ábalos, al haber encontrado contra él, y a raíz de las diligencias practicadas hasta este momento, «indicios bastantes» de la posible comisión de, al menos, cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
Entiende el instructor que «ha llegado un momento en el que la constancia de indicios cualificados» de la posible participación de Ábalos en los hechos hace imprescindible para avanzar en el camino procesal recabar la autorización de la Cámara prevista en la Constitución, que se cursará mediante exposición razonada remitida al Presidente de la Sala Penal del Supremo para que le confiera el trámite correspondiente.
Además, el magistrado instructor ha detallado que, a partir de las declaraciones prestadas en la causa por el aforado y los otros dos investigados, Víctor De Aldama Delgado y Koldo García, así «como de los documentos aportados por ellos», y del «resultado de las intervenciones telefónicas y registros domiciliarios» que se llevaron a término en la causa seguida, inicialmente y contra otros presuntos implicados, ante el Juzgado Central de Instrucción número 2, «existen elementos bastantes para, siempre en los términos indiciarios que resultan propios de la fase procesal en la que nos encontramos, considerar que el aforado pudiera, prevaliéndose de su condición de Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)».
Es decir, el juez considera que Ábalos pudo, «a cambio de determinados beneficios económicos que obtuvo por ello para sí, haber determinado la adjudicación de varios contratos de la Administración pública o el sector público institucional con empresas privadas, en el marco de la situación de emergencia determinada por la pandemia del Covid-19, en particular relativos a la adquisición, por vía de urgencia y emergencia, de material sanitario, mascarillas, trajes especiales y laboratorios para identificar vestigios de la enfermedad».
«De lo actuado en el curso de la investigación«, ha insistido el magistrado Puente, »resultaría que el también investigado en esta causa, don Víctor Gonzalo de Aldama Delgado, aprovechando la relación personal que le unía con el aforado y con quien era entonces uno de sus asesores, don Koldo García Izaguirre, investigado también en esta causa especial, habría obtenido información previa sobre las necesidades derivadas de la urgencia, lo que le permitió articular una oferta para asegurar la adjudicación del contrato de suministro en favor de la empresa cuyos intereses promovía, Soluciones de Gestión y Ayuda a las empresas, S.L., así como podría haber obtenido también, antes y después, por un procedimiento semejante, la perfección de otros contratos de empresas y particulares con la Administración pública y/o institucional».
«Los resultados obtenidos de la investigación permiten afirmar, siempre en los términos indiciarios ya señalados, que el asesor del aforado ante esta Sala, don Koldo García Izaguirre, intervenía activamente en la contratación, gestionaba los contratos de adjudicaciones a las empresas y, al tiempo, realizaba operaciones para ocultar los cobros recibidos de la organización y en las que el aforado ante esta Sala, don José Luis Ábalos Meco, también intervenía, personalmente y utilizando los oficios de su asesor en el Ministerio e, indiciariamente, disfrutando de los ilícitos beneficios económicos que tales actuaciones pudieran haberle generado», indica la resolución.
El magistrado instructor ha recordado que Ábalos prestó declaración voluntaria ante él, la pasada semana, durante más de tres horas y media, «viniendo a negar, en sustancia, la percepción de cantidad económica alguna como consecuencia de la adjudicación de los referidos contratos concertados para la adquisición de determinado material sanitario en el contexto de la pandemia del Covid-19 y de cualesquiera otros vinculados con la adjudicación de obra pública, lo que, naturalmente, no se aviene con los indicios ya mencionados y que se concretan en diferentes documentos y declaraciones con las que se ha contado, hasta el momento, en el curso de la investigación realizada».
«En particular, y en este momento«, ha añadido el juez en su resolución, »aparece indiciariamente justificado que, al menos, don José Luis Ábalos pudiera haberse beneficiado económicamente con el pago, por parte del investigado Sr. Aldama o de personas terceras por él interpuestas, de los alquileres de la vivienda en la que residía quien fuera entonces la pareja sentimental de aquél; así como también que podría haber concertado, previa compra realizada por una empresa tercera a indicación del Sr. Aldama, el alquiler con opción a compra de un chalet en la costa; y obtenido también del Sr. Aldama un contrato de alquiler con opción de compra de un piso de unos 250 metros cuadrados en el Paseo de la Castellana de Madrid, contrato en el que se fijaba un precio de venta (750.000 euros), para el caso de que se ejercitara la opción, aparentemente muy inferior al de mercado».
