En una providencia, el instructor acuerda reclamar a la Unidad Central Operativa (UCO) que le facilite los «números de teléfono e IMSI/IMEI asociados de las tarjetas de los dispositivos móviles que figuran en el acta de la diligencia de entrada y registro» practicada en la sede de la fiscalía general del Estado, «así como la titularidad asociada a estos números de teléfono».
Hurtado señala que adopta esta decisión «a la vista del resultado obtenido tras el informe pericial realizado por la UCO sobre el material intervenido en el registro efectuado en el despacho del fiscal general del Estado», y «en razón a los datos obrantes sobre dispositivos móviles que figuran en el acta levantada con ocasión del mismo».
Desde la Fiscalía General exponen que la Guía Básica de actuaciones a desarrollar por las Fiscalías, Órganos y Unidades del Ministerio Fiscal en materia de protección de datos impone a los fiscales la obligación de «eliminar» los documentos analizados una vez «dejen de ser necesarios, asegurándose de que no queden residentes en la papelera».
Sin embargo, pese a esas instrucciones la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también investigada en esta causa, no llevó a cabo ese borrado, pues los agentes de la UCO hallaron en su móvil 37 mensajes cruzados con el fiscal general en las fechas referidas sobre la denuncia contra el empresario González Amador y los correos cruzados con el fiscal del caso. Unas comunicaciones que, en el caso del móvil de García Ortiz, fueron borradas.
Además, el magistrado pide los números y titularidad de las tarjetas móviles incautadas en el registro del despacho de García Ortiz. Hurtado pide que se le facilite números de teléfono e IMSI/IMEI asociados de las tarjetas de los dispositivos móviles que figuran en el acta de la diligencia de entrada y registro practicada el 30 de octubre en el despacho de Álvaro García Ortiz, así como la titularidad asociada a estos números de teléfono.
