Desde el principio, el Gobierno dejó claro a los partidos independentistas que el PSOE pondría toda la carne en el asador para que la ley del olvido saliese adelante, como así fue. Sin embargo, su aplicación depende de los jueces y del Tribunal Constitucional que, a priori, no prevé resolver todas las causas antes de octubre.
La Fiscalía ha apoyado la constitucionalidad de la norma y la Abogacía del Estado ha intentado que los tribunales la apliquen. Han hecho lo que han podido, según sus criterios, pero ya no está en su mano cómo lo interpreten los magistrados y tribunales. Los últimos datos con los que cuenta la plataforma Alerta Solidària es de 193 personas amnistiadas, 51 peticiones denegadas y 67 derivadas a otros tribunales como el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la UE.
Alerta Solidària calcula 67 casos pendientes de amnistiar derivados a otros tribunales- El presidente del Ejecutivo, necesita los votos de Junts para sacar adelante leyes y los presupuestos pero sabe que hasta que Puigdemont no esté de vuelta en España, amnistiado y sin causas judiciales -tanto penales como contables- pendientes, la presión va a ir en aumento.
El Tribunal Supremo ya ha dejado negro sobre blanco que considera la ley inconstitucional y que además la interpretación que hace sobre el delito de malversación de caudales públicos imposibilita que pueda amnistiar a los líderes del procés que están condenados o procesados por éste. Esto afecta directamente a los dos máximos responsables políticos catalanes de partidos independentistas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Ante esta postura inquebrantable del alto tribunal, el Constitucional tiene la labor de resolver todo lo relativo a la amnistía.
La idea que existe dentro del tribunal es que todo lo relativo a la amnistía debería estar resuelto -quitando flecos- antes de la celebración del VI Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional. Este año lo organiza el Tribunal Constitucional español y se celebra en Madrid del 28 al 31 de octubre.
Para estas fechas, el tribunal espera haberse salido ya del foco mediático por la resolución de los recursos de la amnistía y centrarse en su papel de anfitrión de la conferencia mundial.
Antes de entrar en el fondo de la cuestión, entre enero y febrero se espera resolver la recusación del magistrado José María Macías. El bloque progresista confiaba que se hubiera abstenido por haber participado en varios informes sobre la ley en su cargo anterior de vocal del Consejo General del Poder Judicial. El progresista Juan Carlos Campo sí anunció que se apartaba de todo lo que tuviese que ver con este asunto por su participación en los indultos de Junqueras y otros ocho condenados como ministro de Justicia.
Al haberse rechazado la recusación de Conde-Pumpido y Laura Díez -ambos considerados progresistas-, la balanza dentro del tribunal es de seis frente a cinco conservadores, a la espera de lo que se resuelva con Macías.
Una vez se fije el tribunal, lo primero que se va a entrar a estudiar es la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo al entender que la norma vulnera el derecho a la igualdad recogido por la Constitución. El Supremo sólo lo ha planteado por los delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad.
Esta primera sentencia se espera que esté resuelta para antes de verano. El texto será la columna vertebral del criterio posterior sobre la totalidad de la amnistía. Una vez fijado, se presentará la ponencia sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, y después el resto de recursos planteados por varias comunidades autónomas y cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
Con todo esto resuelto, será el turno del líder de Junts y del resto de condenados que plantean recursos de amparo contra las resoluciones del Supremo. Sólo ahí, el Constitucional entrará a valorar la interpretación sobre el delito de malversación y se sabrá si Puigdemont puede regresar sin ser detenido.
Previsiblemente en estos meses del Tribunal ha de resolver los recursos presentados por los partidos políticos, el PP principalmente y los que han presentado algunas comunidades autónomas.
Resueltas estas causas, el Constitucional podrá pronunciarse sobre la interpretación del delito de malversación que hace el Tribunal Supremo y que impide la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, entre otros.
