En un comunicado, la CUP ha criticado que el sistema educativo no está garantizando la competencia básica en catalán a todo el alumnado, lo que asegura que afecta «gravemente a la igualdad de oportunidades, la cohesión social y territorial y el futuro de la lengua», y ha señalado textualmente por ello a las ingerencias judiciales y a la inacción y a la complicidad de los gobiernos autonómicos. «Ante la inminente sentencia del Constitucional en relación al 25% de castellano, hemos registrado esta iniciativa legislativa para protegernos de forma inmediata», ha dicho Estrada.
La voluntad final de la propuesta es derogar la ley 8/2022, eliminar el castellano como lengua curricular y reforzar el uso del catalán como lengua vehicular, así como incorporar aspectos que ven útiles del Decreto 6/2022 y desplegar medidas efectivas para garantizar su aprendizaje.
La CUP ha recordado que la propuesta está elaborada con el apoyo de expertos de Plataforma per la Llengua y la Plataforma Pública i en Català, y que a diferencia de otras propuestas presentadas en la anterior legislatura por la formación, «parte del marco legal vigente», aunque no compartan buena parte de la Ley de Educación de Catalunya.
Tanto la CUP como Junts han registrado este mismo lunes una solicitud para que la iniciativa de los cupaires se tramite por la vía de urgencia con el objetivo que el debate sobre la proposición de ley se haga antes de terminar el actual periodo de sesiones, en uno de los dos últimos plenos de julio. Según un comunicado de ambas formaciones, esperan recibir el apoyo de otros grupos de la Cámara en la Junta de Portavoces de este martes, que debe decidir el orden del día de las próximas sesiones plenarias.
