Y es que el 40 % de las licitaciones solo encuentra un oferente, el doble del límite que pide la Comisión Europea. Se trata, concretamente, de la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública; la Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales; y la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión. Estas deberían haber sido transpuestas antes del 18 de abril de 2016, pero dada la pasividad del Gobierno, la Comisión ha optado finalmente por acudir a los tribunales.
Según Bruselas, la legislación española «se aparta considerablemente de las normas de la UE en lo que respecta a su ámbito de aplicación correspondiente a los tipos de poderes adjudicadores, los tipos de contratos y las modificaciones de los contratos que deben cumplir la legislación nacional sobre contratación pública por la que se transponen las Directivas». La Unión Europea establece una serie de normas mínimas armonizadas para todos los Estados miembro sobre la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios por parte de las administraciones. Así, la Comisión vigila especialmente que las licitaciones de un solo oferente no superen el 20 % del total, algo que, en nuestro país, solo no se cumple, sino que se supera con creces.
De acuerdo con los datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), en el segundo trimestre de 2024, el 39,7 % de los concursos adjudicados solo tuvieron un licitador, porcentaje que llegó al 55,4 % en 2023. Desde que este organismo ofrece sus datos, en 2020, ningún trimestre ha estado por debajo del 30 %. La insuficiente adaptación de la normativa europea produce estos efectos perversos», señala Juan Ignacio Navas, socio-director del despacho Navas & Cusí. «La emergencia del covid eliminó muchos controles y esas barreras no se han recuperado, generando serios problemas de transparencia e ineficiencia», agrega
Cada año, las administraciones públicas de la UE gastan alrededor del 14 % del PIB, unos dos billones de euros, a la adquisición de suministros y en la contratación de obras y servicios. En muchos sectores, como el de la energía, el transporte, la gestión de residuos, la protección social, la sanidad o la educación, los principales comprados son estas autoridades públicas.
