Desde el Ejecutivo de Sánchez señalan que sigue de este modo adelante el expediente para declarar lugar de memoria la antigua Dirección General de Seguridad. El Gobierno central añade que el requerimiento de la Comunidad de Madrid «carece de fundamento» porque no hay «vulneración ni invasión de competencias» como aduce el Ejecutivo de Ayuso. «Ni siquiera se realiza alteración por mínima que sea en el inmueble objeto de la incoación del procedimiento, de modo que el conflicto resultaría aquí preventivo», explican.
El uso institucional y de servicio público que tiene la sede del Ejecutivo madrileño, «es compatible con la declaración de lugar de memoria», remarcan desde el Gobierno de Pedro Sánchez. En línea con el requerimiento del Ejecutivo regional, enviado en noviembre pasado, la Asamblea madrileña aprobó en diciembre una ley que incorpora unas enmiendas del PP para contrarrestar la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática.
La enmienda incluida en la ley fija que en el caso de que se promuevan o realicen actuaciones que directa o indirectamente, perjudiquen o resulten incompatibles con esa neutralidad, los poderes públicos madrileños ordenarán «el cese inmediato de aquellas y adoptarán las medidas oportunas para reparar el daño que se haya podido producir».
En cuanto a la instalación de placas, uno de los objetivos del Gobierno de Sánchez a la hora de declarar la Real Casa de Correos Lugar de Memoria Democrática, la ley señala que será necesario solicitar autorización previa del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Asimismo, esta legislación no permite que se instale ninguna placa que «pueda perjudicar o resultar incompatible con la neutralidad, la pluralidad, la concordia, el respeto a la verdad y a la historia, la imagen institucional de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Desde el Gobierno de Díaz Ayuso han señalado que «el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene la fea costumbre de no informar a otras administraciones públicas y se salta el principio de lealtad institucional. No conocimos el expediente para tratar de declarar lugar de memoria la Real Casa de Correos». Además, indican que «el ministro Torres no se ha puesto en contacto con ninguna persona de la Administración regional para comunicar que van a desestimar el recurso de la Comunidad de Madrid. Cuando nos llegue la notificación le diremos al Ejecutivo central que la Real Casa de Correos es un inmueble del Gobierno regional». «Utilizaremos todos los resortes si fueran necesarios para evitar que se declare este inmueble como lugar de memoria democrática. Y por supuesto, utilizaremos la Justicia y los tribunales para que se acabe ese intento de enfangar el buen nombre de la Comunidad de Madrid», apuntan fuentes cercanas a Ayuso.
El Gobierno regional tiene previsto dar el paso necesario para enviar este asunto al Tribunal Constitucional al amparo de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, de dicho órgano jurisdiccional. Tal y como ha recordado el consejero de Presidencia, García Martín, en diversas ocasiones, la Real Casa de Correos, que es Bien de Interés Cultural (BIC) de Madrid, es un lugar con «250 años de historia» y «no tiene sentido vincularla solo a una pequeña parte de ella» como es la que tiene que ver con el franquismo.
