Así las cosas, un nuevo escrito del fiscal Álvarez, ante la juez del Instrucción número 19 de Madrid, pide citar de manera «urgente» a González Amador. En dicho documento se insta, también, a la ampliación del catálogo de delitos inicialmente abiertos –fraude tributario y falsedad documental, que fue descartada por la Abogacía del Estado desde el inicio– a otros dos: administración desleal y corrupción en los negocios.
Y ello, pese a que en un primer momento el fiscal Lucas Álvarez descartó, hasta en dos ocasiones, apoyar las denuncias planteadas por el PSOE y Más Madrid, en el sentido de practicar pruebas para depurar las relaciones comerciales de González Amador con el Grupo hospitalario Quirón.
El pasado mes de julio, la Fiscalía se negó a la apertura de esta nueva línea de investigación porque eran hechos que «no se refieren al objeto de la causa» y con el objetivo de no complicar las pesquisas de manera «excesiva», dilatándolas en el tiempo de manera «incierta». El fiscal había venido sosteniendo hasta ahora que «el pronto enjuiciamiento de los hechos» debía ser la prioridad
Además, se da la circunstancia de que el representante del Ministerio Público, que se incorporó al caso del empresario madrileño, tras la imputación (luego revocada) de su compañero Salto –quien mañana está citado como testigo en el proceso penal abierto en el Supremo contra el fiscal general del Estado, por la divulgación de los datos confidenciales de González Amador– argumentó, en su momento, la inexistencia de un posible delito de administración desleal porque González Amador «es el único dueño del capital social» de las dos empresas bajo la lupa, Maxwell Cremona y Masterman.
En el caso del delito societario que ahora sí apunta Lucas Álvarez como probable en base a los «indicios» disponibles, quedó alejado en su momento dado que, como el mismo explicaba, dicho tipo de irregularidad exige haber provocado un «perjuicio para alguien» que «no consta» que se materializase en el asunto que ocupa al novio de Díaz Ayuso con la Administración Tributaria (AET).
Por otra parte, según han confirmado varios expertos el delito fiscal es «incompatible» con la actual propuesta de ampliación de la Fiscalía ya que, si como se sugiere ahora, los ingresos del empresario procediesen de una operación o fuente ilícita, «no puede exigirse tributación del mismo». Algo que, además, ya fue descartado por Hacienda y por el propio fiscal en sendas ocasiones.
