Fue la semana pasada la asociación Hazte Oír pidió al Tribunal de Cuentas que iniciar este procedimiento para recuperar el dinero que percibió David Sánchez durante los casi ocho años en los que ocupó un puesto en la Diputación de Badajoz cuya creación fue declarada arbitraria por la Audiencia Provincial al condenarle por un delito de prevaricación administrativa.
Además de reclamar el reintegro del dinero, Hazte Oír solicitaba que se investigue la actuación de quienes, a su juicio, participaron en la creación, adjudicación y mantenimiento de la plaza ocupada por David Sánchez. En el escrito identifica como presuntos responsables al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, a la exdiputada de Cultura Cristina Núñez, a la exdirectora del área Elisa Moriano, así como a las autoridades y empleados públicos que intervinieron en la provisión del puesto y en la autorización de los sucesivos pagos salariales. También incluye al propio hermano del presidente como perceptor de las cantidades y cooperador necesario, en línea con la sentencia dictada por la Audiencia Provincial.
La asociación pedía igualmente que, una vez se practique la liquidación provisional del presunto menoscabo económico (si se acepta), el propio Tribunal de Cuentas requiera a los responsables para que depositen o afiancen las cantidades reclamadas y, en caso de no hacerlo, se proceda al embargo de sus bienes en los términos previstos por la ley.
