El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, declaró este miércoles como testigo ante la jueza María Tardón, que investiga la entrada masiva de unas 80.000 personas en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio. Durante una comparecencia que se prolongó más de dos horas y media, explicó que realizó hasta diez intentos de contacto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que sólo obtuvo respuesta a través de su jefe de Gabinete, Diego Rubio.
Según relató, la primera alerta fue trasladada el 27 de julio, tres días antes de la entrada masiva, cuando Ceuta ya sufría una fuerte presión migratoria, con miles de entradas irregulares y un sistema de acogida al límite. Vivas sostuvo que pidió reiteradamente tres medidas: un refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la declaración de emergencia nacional y el establecimiento de un mando único para gestionar la crisis.
El dirigente ceutí explicó que logró mantener conversaciones con varios miembros del Gobierno, entre ellos los ministros José Manuel Albares, Ángel Víctor Torres, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, así como con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo. Sin embargo, aseguró que todos abordaron la situación como una crisis migratoria y no como un problema de seguridad nacional.
Vivas afirmó que no consiguió hablar directamente con Sánchez hasta el propio 30 de julio, cuando la entrada masiva ya estaba en marcha. Según su versión, trasladó al presidente la gravedad de la situación y la necesidad de que los ciudadanos de Ceuta percibieran el respaldo del Estado. Al día siguiente, Sánchez visitó la ciudad.
Durante su declaración también señaló que no recibió alertas previas de organismos estatales y que las primeras señales de alarma procedieron del rápido aumento del número de menores migrantes acogidos y de las entradas registradas en los días previos. Además, sostuvo que la Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno actuaron con estructuras de gestión diferenciadas y sin una coordinación fluida.
A la salida de la Audiencia Nacional, Vivas calificó lo ocurrido como «el hecho más grave en materia de seguridad nacional de las últimas décadas» y defendió que los ceutíes tienen derecho a conocer toda la verdad sobre los acontecimientos.
