El Gobierno regional acusa a la Delegación del Gobierno de mantener una actitud de «inacción» ante una protesta que considera ilegal.
La iniciativa llega tras expirar el plazo de 48 horas concedido al delegado del Gobierno, Francisco Martín, para actuar. La Comunidad sostiene que la acampada promovida por el Sindicato de Inquilinas incumple los requisitos legales al carecer de comunicación previa, tener carácter indefinido y suponer una ocupación irregular del espacio público.
El Ejecutivo autonómico argumenta además que el asentamiento altera el orden público, dificulta el funcionamiento de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional, y perjudica tanto la actividad comercial del centro como la imagen de Madrid.
Durante el Pleno de la Asamblea, Ayuso arremetió contra una acampada que, a su juicio, «nunca se debió permitir» y denunció los problemas de movilidad y acceso que, según afirma, sufren vecinos, comerciantes y servicios de emergencia.
Por su parte, la Delegación del Gobierno asegura que está actuando conforme a la legalidad y sostiene que, dadas las circunstancias actuales, la protesta se desarrolla con pleno respeto al ordenamiento jurídico.
