El 65,9% de los españoles considera que el acceso a la primera vivienda empeorará en los próximos años, según la tercera edición de la encuesta Actitudes hacia el estado de bienestar del CIS, elaborada a partir de 6.040 entrevistas realizadas entre el 10 y el 17 de septiembre de 2026.
La preocupación por la vivienda es una de las principales conclusiones del estudio. El 68,4% de los encuestados cree que el acceso a una vivienda digna y adecuada solo está garantizado para una parte de la población. Apenas un 14,3% confía en que la situación mejore, mientras que un 17,2% piensa que permanecerá igual.
Frente a esta percepción negativa, los ciudadanos valoran positivamente algunos servicios públicos. El transporte público obtiene una valoración satisfactoria para el 56,2% de los encuestados, seguido de la enseñanza (54%) y la seguridad ciudadana (50,9%). Además, más del 60% considera garantizados para toda la población el acceso a una educación pública de calidad y la protección de la salud.
La encuesta también refleja una fuerte desconfianza hacia el sistema judicial. El 70,7% cree que la aplicación de las leyes no es igual para todos, mientras que solo el 26,6% opina que existe un trato equitativo.
Entre los servicios peor valorados figuran la Justicia, considerada deficiente por el 69,4% de la población, y la atención a las personas dependientes, que recibe una valoración negativa del 61,8%. En contraste, la prevención y extinción de incendios forestales obtiene una de las mejores evaluaciones, con un 71,7% de opiniones favorables.
El pesimismo también se extiende a las pensiones y la sanidad. El 57,5% cree que el sistema público de pensiones empeorará en el futuro y el 51,1% prevé un deterioro de la atención sanitaria.
En materia fiscal, el 58,7% considera que la sociedad obtiene poco o ningún beneficio de los impuestos y cotizaciones que paga, mientras que el 68,9% opina que quienes tienen mayores ingresos no soportan una carga tributaria proporcionalmente superior.
Por último, la mayoría reclama un mayor esfuerzo inversor de las administraciones públicas, especialmente en sanidad (94,6%), educación (92,6%) y prevención de incendios forestales (92,1%). Más de la mitad de los encuestados percibe además que no todos los ciudadanos tienen las mismas oportunidades para acceder a los servicios públicos, señalando los ingresos y el lugar de residencia como los principales factores de desigualdad.
Entre los servicios mejor valorados destacan las farmacias (8,23 sobre 10), internet (7,71), las tiendas de alimentación (7,55) y los colegios de enseñanza básica (6,84).
