Vox ha presentado ante el Tribunal Supremo dos documentos internos del Ministerio de Justicia de 2023 que, según la formación, muestran que la nacionalidad española prevista en la Ley de Memoria Democrática podía extenderse a sucesivas generaciones de descendientes sin un límite expreso.
Uno de los oficios, firmado por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, responde a consultas realizadas por consulados sobre el alcance de la norma. En él se indica que ni la ley ni las instrucciones de aplicación establecían restricciones generacionales para ejercer este derecho. El documento incluye ejemplos en los que hijos, nietos y generaciones posteriores podrían acceder a la nacionalidad a través de una cadena sucesiva de solicitudes.
Un segundo escrito, fechado en enero de 2023, aclaraba que los hijos mayores de edad podían iniciar su solicitud de nacionalidad antes de que se resolviera definitivamente la de sus progenitores, siempre que el expediente quedara condicionado a la aprobación previa del familiar que originaba el derecho.
Con esta nueva documentación, Vox pide al Supremo que cite a declarar a Sofía Puente y a responsables de Asuntos Consulares, además de requerir al Gobierno información detallada sobre la tramitación de las nacionalidades concedidas al amparo de la ley.
La formación también reclama datos sobre la posible incorporación de los nuevos nacionalizados al Censo de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA), con el objetivo de conocer cuántos expedientes culminaron en una inscripción electoral efectiva.
Estas iniciativas se producen mientras el Tribunal Supremo analiza el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra las medidas cautelares acordadas en septiembre sobre la aplicación de la norma. Vox sostiene que los nuevos documentos aportan información relevante sobre los criterios utilizados por Justicia para interpretar y aplicar la ley.
