El Gobierno publicó este miércoles en el BOE el primero de los dos reales decretos ley sobre vivienda aprobados por el Consejo de Ministros. La norma incluye la suspensión de determinados desahucios de personas vulnerables hasta 2030, restricciones a algunas operaciones de compra de vivienda por parte de inversores, la subida del IVA de los pisos turísticos al 10% y nuevos incentivos fiscales para propietarios e inquilinos.
El texto justifica parte de la reforma con el caso de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada recientemente de una vivienda de renta antigua en Madrid. El decreto la presenta como víctima de una legislación heredada de la dictadura y de la especulación inmobiliaria.
Sin embargo, la situación tiene un componente legal más complejo. El contrato de la vivienda, firmado en 1956, seguía sujeto al régimen de renta antigua. Los límites a las subrogaciones en este tipo de alquileres fueron introducidos por las reformas aprobadas durante los gobiernos socialistas de Felipe González, primero mediante el denominado decreto Boyer de 1985 y posteriormente con la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994.
Principales medidas
Entre las novedades más relevantes figura la suspensión de determinados procedimientos de desahucio para personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta finales de 2030, aunque no supone una paralización automática de todos los lanzamientos.
La norma también restringe, hasta 2028, ciertas compras de vivienda realizadas por entidades dedicadas a la adquisición de inmuebles cuando el precio sea inferior al 70% de su valor de tasación, con varias excepciones ligadas a vivienda social o asequible.
Además, se establece una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de alquiler, se limita la actualización de algunas rentas y se endurecen las condiciones del alquiler temporal para evitar su uso como sustituto del arrendamiento habitual.
El alquiler por habitaciones también queda regulado: la suma de las rentas de todas las habitaciones no podrá superar el precio que correspondería al alquiler íntegro de la vivienda.
Más impuestos y nuevos incentivos
El decreto crea una nueva fiscalidad para los propietarios en función de si reducen o incrementan los alquileres, eleva al 10% el IVA aplicable a las viviendas turísticas y endurece el régimen fiscal de las SOCIMI vinculadas al mercado residencial.
Por otra parte, introduce incentivos para aumentar el parque público de vivienda, ventajas fiscales para quienes vendan inmuebles a las administraciones y préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para facilitar la compra de vivienda, cuya regulación concreta se aprobará más adelante.
La norma también impulsa la construcción industrializada mediante avales públicos y define la vivienda asequible como aquella cuyo precio de venta o alquiler no supere el 30% de la renta mediana de los hogares del municipio donde se ubica.
