En su lugar, el magistrado Ángel Hurtado deduce testimonio del auto y lo envía a los juzgados de instrucción de Madrid al entender que es la instancia a la que corresponde la hipotética investigación de unas informaciones que la Abogacía del Estado vinculan con el origen de un «juicio paralelo» mediático del que -defiende- está siendo víctima el fiscal general.
Sobre esta queja, advierte la Sala de lo Penal, que, por «el tipo que se trata, formulada por una parte (la Abogacía en nombre del fiscal), sobre el comportamiento de otra (acusaciones), ha de ser mira da con la suficiente cautela», porque, siendo el asunto de este procedimiento de «trascendencia mediática», «se suele olvidar de las opiniones de otros medios y determinados ámbitos que le son favorables» a García Ortiz.
Ahora, serán los tribunales ordinarios los que decidan lo que consideren oportuno: si abren o no una causa por presuntas filtraciones a la prensa de las acusaciones. El alto tribunal, por su parte, no tomará «decisión alguna que suponga la limitación del derecho a la libertad de expresión».
Su representación legal insistió ante el instructor que este «juicio paralelo» está «creando un estado de opinión» pública de que el destino del procedimiento «no puede ser otro que el de una condena» para el fiscal general y ello supone para la Abogacía una «quiebra de la presunción de la inocencia» de García Ortiz. Hay que recordar que el juez Hurtado indaga en la posible responsabilidad penal de ambos en la aparición el pasado marzo de noticias que recogieron un correo en el que la defensa del novio de Ayuso envió al fiscal de delitos económicos madrileño Julián Salto para plantear un acuerdo de conformidad en el caso fiscal al que se enfrenta el empresario.
